Agudo como es, apreciable lector, seguramente se preguntará usted de dónde es que ha resurgido el interés de la clase gobernante por recuperar en beneficio del Estado el control del servicio de agua potable en el municipio de Puebla y parte de la zona metropolitana, después de que se afirmara, hasta hace poco, que resultaba imposible deshacer la concesión debido al alto costo económico que habría que pagar por ello en calidad de indemnización.
La respuesta a esa interrogante está en la supuesta incapacidad de la empresa Agua de Puebla (Concesiones Integrales) para continuar con la prestación del servicio en los términos comerciales vigentes.
Directivos de esa firma buscaron a representantes del gobierno del estado para pedirles que autorizaran desde el Congreso un incremento en las tarifas de agua, drenaje y saneamiento, con el argumento de que solo de esa manera (con una mayor recaudación por concepto de cobro a los usuarios) podría seguir con el cumplimiento de los acuerdos previstos en el contrato de concesión.
Se sabe que el gobernador Miguel Barbosa no quiso asumir el costo político del eventual aumento a las tarifas y rechazó la petición, enviándole a esos directivos una respuesta negativa.
La postura de Barbosa es comprensible.
En medio de un sentimiento colectivo que condena el otorgamiento de la concesión por parte del extinto Rafael Moreno Valle y después de que los candidatos de Morena, entre ellos él, prometieran en campaña revertir ese acuerdo para devolver el manejo del agua al sector público, sin conseguirlo hasta hoy, habría sido muy arriesgado en términos de imagen acceder al incremento de las tarifas.
¿Imagina usted el enojo de los usuarios por hacerle un obsequio de esa naturaleza a la empresa, cuando abundan quejas contra ella por lo costoso y malo del servicio?
Con el “no” de Barbosa en la mesa, los dueños de Concesiones Integrales (Agua de Puebla es el nombre comercial) habrían contraatacado con un amago: “si no hay aumento, devolvemos la concesión, y a ver cómo le hacen ustedes (sin capacidad técnica ni financiera) para hacer frente a la demanda de la gente”.
La especie coincide con el adelanto que una semana atrás hizo el periodista Alejandro Mondragón en la columna que publica en Status, al afirmar que Carlos Hank Rhon devolverá el control del agua por inviabilidad financiera.
Aquí es donde se presentó una encrucijada que llevó al mandatario estatal y a los integrantes de su equipo de asesores a evaluar alternativas políticas, jurídicas y económicas que pudieran resolver el problema.
La solución hallada ya la escuchó usted de boca del gobernador.
Dado el enorme reto que significaría para el gobierno del estado quedarse con la responsabilidad de otorgar el servicio de agua a los habitantes de la zona metropolitana, principalmente a los del municipio de Puebla, en caso de que Hank Rhon cumpliera el amago, el planteamiento es compartir esa carga con el ayuntamiento.
Por eso es que Miguel Barbosa habla de “remunicipalizar” el servicio.
El siguiente obstáculo, sin embargo, tiene que ver precisamente con el municipio, que no puede asumir una función para la que dejó de estar preparado hace más de dos décadas, cuando Manuel Bartlett, entonces gobernador, le quitó el manejo del agua para trasladárselo a la administración estatal a través del Soapap.
Barbosa, Morena y los diputados locales que abanderan la cuatroté tienen, a partir de una coyuntura inesperada, la posibilidad de cumplir una promesa que hicieron en las campañas electorales de 2018: revertir la privatización del agua.
El punto es que todavía no hallan la salida más oportuna.
Primero deberá negociarse el rompimiento del acuerdo con Agua de Puebla.
Aunque la firma sea la que quiera dejar la concesión por inviabilidad financiera, supuestamente, es de esperar que intente marcharse con varios cientos de millones de pesos en la chequera.
Luego vendrá la definición del administrador del servicio.
Miguel Barbosa ha declarado que es obligación constitucional del ayuntamiento dotar de agua a sus habitantes. Eduardo Rivera no le ha dicho al gobernador que no tiene cómo cargar con eso, pero quiere decírselo.
Una fuente que se encuentra al tanto del asunto asegura que, se quede el agua con quien se quede, pronto será inevitable la actualización de tarifas a la alza, muy a pesar de la opinión de los usuarios.
Una cosa más: el gobierno del estado arrastra una deuda millonaria con Banobras por un crédito otorgado al Soapap años antes de la concesión, que en una eventual remunicipalización se convertiría en pasivo del ayuntamiento.
Como usted verá, son varios los motivos por los que el control del agua ha dejado de ser atractivo para el Estado. Ahora nadie quiere quedarse la papa caliente en las manos.
Twitter: @jorgerdzc
