Los hechos ocurridos este martes en torno al conflicto de la UDLAP dejan clara una sola cosa: que los estudiantes de esa universidad, nueve mil hasta el último corte, han quedado atrapados en medio de una cruenta disputa patrimonial entre los descendientes del empresario estadunidense William Oscar Jenkins, sin representantes que defiendan sus intereses, entre ellos uno básico y fundamental: tomar clases dentro del campus.
La imprevista visita de la diputada panista Mónica Rodríguez al inmueble de Santa Catarina Mártir sirvió para confirmar aquello que los involucrados en esta crisis sabían, pero que Armando Ríos Piter y sus aliados se negaban a reconocer en público, que la universidad ha permanecido cerrada y negada a cualquier tipo de actividad académica desde el pasado 29 de junio, cuando la policía tomó las instalaciones para dar paso a los movimientos que vinieron después.
Ríos Piter, nombrado rector interino por el patronato de Horacio Magaña, que recibió el encargo, a su vez, por parte de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada, organismo adscrito a la Secretaría de Gobernación estatal, donde despacha Ana Lucía Hill Mayoral, subordinada del gobernador Miguel Barbosa, mintió una y otra vez al asegurar desde sus redes sociales que la actividad en la universidad se realizaba con normalidad y que la misma permanecía abierta, pese al pleito.
Mientras eso sucedía alrededor del campus, donde decenas de estudiantes volvían a manifestarse y a cerrar vialidades en protesta por el conflicto, en el poder judicial del estado una jueza decidía emitir un exhorto a los integrantes de la comunidad universitaria para retomar las actividades presenciales, una vez que, consideraba, existen las condiciones necesarias para dar cumplimiento a las funciones educativas de la institución.
El pronunciamiento, explicó el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado, fue derivado de la petición expresa de la Fundación Mary Street Jenkins.
En el texto no se aclaró la identidad del solicitante que se apersonó ante la jueza Magally Escamilla a nombre de la fundación, pero después trascendió que se trató de Claudia Cecilia Lira Maldonado, la abogada que el nuevo patronato nombró como apoderada legal para autoentregarse el campus el 1 de noviembre del año pasado.
La importancia del resolutivo radica en el exhorto hecho a los trabajadores, desde mandos medios hasta administrativos, pasando por los docentes, para reincorporarse a las actividades presenciales.
Más tarde, a través de su vocero, Rodrigo Gurza, el patronato de Horacio Magaña reforzó esa línea discursiva, al emitir un comunicado en el que dejaba toda la responsabilidad del retorno a la vida universitaria a los integrantes de la comunidad, los mismos que mencionaba con pulcra precisión el boletín del poder judicial.
Así, la jueza y el nuevo patronato se alineaban para conminar a los trabajadores de la universidad a presentarse a laborar, y a los alumnos a asistir a clases.
El poder judicial tuvo que intervenir para llamar a la comunidad laboral de la UDLAP a cumplir con sus deberes porque esta se ha negado a obedecer a Ríos Piter.
Inmediatamente después de la toma de la institución, administrativos y maestros cogieron sus herramientas de trabajo y se salieron de la universidad.
Desde fuera han atendido a los estudiantes y han desoído todos los llamados del nuevo patronato, al que llaman espurio, por obvias razones, para trabajar bajo las indicaciones del rector interino.
Por convicción o conveniencia, o por ambas, cerraron filas con el bando de Elodia Sofía de Landa de Jenkins, donde se encuentran Luis Ernesto Derbez y Cecilia Anaya Berríos, y le generaron al exsenador perredista un problema que no pudo resolver.
Horacio Magaña, Rodrigo Gurza, Armando Ríos y demás compinches han tenido el campus desde junio, pero nada más, sin trabajadores, por lo que se han visto impedidos para dar respuesta a la demanda primigenia de los universitarios.
El exhorto judicial tiene el propósito de ayudar a los nuevos patronos en la guerra de percepción que llevan perdida hasta ahora, mientras Guillermo Jenkins de Landa sigue adelante en la lucha jurídica contra su madre, cuatro hermanos y un primo, apoyado desde la cumbre del poder por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por un patrimonio estimado en 14 mil millones de pesos.
El exhorto es solo eso, una invitación amigable que no tendrá efectos ni consecuencias legales, pero de algo servirá.
Ayer mismo, la red de comunicación interna del anterior patronato se movilizó para ordenar a sus subordinados que no se presentaran este miércoles a la universidad, pese al llamado de la jueza.
Ni administrativos ni maestros acudirán al campus.
Todos se mantendrán trabajando desde fuera, como confirmó Cecilia Anaya por la noche del martes a través de un video publicado en las cuentas oficiales de la universidad.
Anaya Berríos dijo que no acudirán al campus mientras este no le sea devuelto al patronato original mediante un acto de ejecución jurídica.
Eso significa que no habrá clases presenciales mientras la señora Elodia Sofía de Landa no recupere el inmueble o no haya poder humano que obligue a los trabajadores a regresar a sus puestos.
“Si no es con nosotros, no habrá clases con nadie”, es el mensaje del grupo.
Esto es comprensible en la lógica de la guerra por el poder.
Si los Jenkins que han sido desterrados de la institución ceden con la plantilla laboral perderán el único instrumento de control que poseen y que les ha resultado muy importante para mantenerse en pie.
Si embargo, eso representa una muy mala noticia para los nueve mil alumnos –más o menos—que todavía no se han marchado a otras universidades del estado.
Mientras políticos y abogados de los dos bandos peleaban desde sus trincheras en esta guerra de multimillonarios intereses económicos, varias decenas de estudiantes protestaban en los alrededores del campus y cerraban de nueva cuenta la Recta a Cholula y el Periférico, arriesgando su integridad física ante la furia de conductores y camioneros que les reclamaban el bloqueo con piedras y palos en mano.
Ajenos, en su mayoría, a la pelea de los Jenkins, exigían la reapertura de su escuela para tomar clases.
Parecen estar solos.
Por un lado tienen a Ríos Piter, incapaz de tomar los hilos de una universidad que le quedó gigantesca en todo sentido.
Y por otro a Cecilia Anaya, que solo trata de ganar tiempo en beneficio de la ruta jurídica de sus jefes.
En los momentos álgidos de la protesta, los universitarios se preguntaban ayer a través de whatsapp porqué la rectora o los vicerrectores ‘legítimos’ no les habían expresado de manera pública su apoyo en ninguna de las manifestaciones, a pesar de que ellos sí lo habían hecho a favor de su restitución.
Los jóvenes, mujeres y hombres, deseaban una manifestación solidaria de parte de Anaya.
No la hubo.
O sí, pero en tono de justificación.
En su mensaje de dos minutos la rectora hizo una muy breve alusión a las protestas:
Dijo que no asiste a ellas para no entorpecer el caso.
Nada más.
Twitter: @jorgerdzc
