En días pasados, desde el Congreso Federal se discutieron dos importantes reformas en materia de vivienda y bienestar que representan un avance histórico en la construcción de un país más justo y equitativo. Con la ampliación de derechos en el artículo 123 en materia de vivienda y los artículos 4° y 27 en bienestar social, la Cuarta Transformación reafirma su compromiso con el pueblo, poniendo en el centro a quienes por años han sido relegados y desprotegidos.

Pero, ¿de qué van las iniciativas?

En el ámbito de la vivienda, la reforma busca asegurar que todas las personas trabajadoras tengan acceso a un hogar digno y accesible. Debemos cambiar la forma en que la vivienda social ha sido vista históricamente en nuestro país; primero, como un gran negocio en varios sentidos que beneficia a unos cuantos y nunca al derechohabiente, y segundo, que quienes acceden a un crédito dejemos de vivir donde medio nos alcanza para vivir donde queremos y cabemos como familia de manera digna.

Además, con esta reforma se podrá implementar la modalidad de arrendamiento social, abriendo la posibilidad de que quienes no cuentan con una vivienda propia puedan acceder a una con mensualidades justas, que no superen el 30% de su salario. Esta modalidad no solo brinda estabilidad, sino que ofrece la oportunidad de adquirir la propiedad tras diez años de arrendamiento. Es un cambio que reconoce la realidad de miles de trabajadores que, pese a su esfuerzo diario, ven cada vez más lejano el sueño de tener un hogar propio. Además, al asegurar un acceso prioritario al crédito y arrendamiento, la reforma da un paso firme hacia la justicia social, otorgando herramientas concretas para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores, en especial aquellos en condiciones de informalidad.

También contempla a un grupo que se había hecho a la idea de nunca tener casa propia: las juventudes. Ellos entran en un modelo particular que busca ayudarles a tener certeza patrimonial, pues son contemplados en el arrendamiento con opción a compra, con precios accesibles y requisitos justos para ellos, previo a un estudio socioeconómico. Se busca beneficiar a quienes verdaderamente lo necesitan y para quienes este programa sería su única opción para lograr una vivienda propia.

Para mí, que soy mamá y que he vivido en carne propia la incertidumbre de tener un patrimonio, esta es una de las iniciativas que con más anhelo esperaba, pues estoy segura de que cambiará la vida de millones de hombres y mujeres. Y este es solo el inicio de un gran movimiento en torno a la creación de condiciones para que el Estado sea un aliado en la construcción de un patrimonio, no un vendedor que no entiende de motivos y hace negocio con nuestros créditos.

Por otro lado, la reforma en bienestar social es un compromiso de largo plazo con los grupos históricamente vulnerables. Al establecer en el artículo 4° el derecho universal a una pensión para personas mayores, se crea una red de seguridad económica que antes era impensable. Esta pensión universal se extiende a personas de 65 años en general y a partir de los 62 años en comunidades indígenas y afromexicanas, reconociendo que estas comunidades han enfrentado condiciones de vida más difíciles y requieren un apoyo adicional. Esta medida, lejos de ser un gasto, es una inversión en dignidad y respeto a quienes han contribuido a construir nuestro país.

Estas reformas no solo son necesarias, sino urgentes. Reconocen la deuda histórica que tenemos con nuestros pueblos y comunidades, y sientan las bases para una sociedad en la que todos y todas puedan vivir con dignidad. La vivienda y el bienestar no son privilegios, son derechos, y garantizar su acceso universal es un acto de justicia.

Falta un largo camino por avanzar, pero los resultados de esta nueva forma de entender la vida pública y la revolución pacífica a favor del pueblo son evidentes y hoy están en nuestra Constitución.

¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!