“(...) no le compete al Poder Judicial impedir el cambio constitucional ni modificar la voluntad soberana del pueblo a través de los mecanismos diseñados precisamente para la defensa del orden constitucional. Esa siempre ha sido una atribución exclusiva del Poder Revisor de la Constitución, cuyos actos no son susceptibles de control judicial”.- Adán Augusto López Hernández
La síntesis del momento histórico que vivimos se resume en la desafortunada justificación que el senador Adán Augusto pretende encumbrar como verdad para anular el principio básico sobre el que descansa nuestro diseño institucional: la división de poderes.
En primer lugar, asumir que la soberanía se manifiesta únicamente a través del Congreso de la Unión es un despropósito que desvirtúa lo que la propia Constitución establece en el artículo 41, el cual refiere que: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión”
Y los Poderes de la Unión son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial (aunque incomode al régimen) o al menos así lo refiere la propia Carta Magna en su artículo 49, cuando afirma que: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”
Entonces el Congreso no concentra toda la soberanía ni mucho menos puede arrogarse facultades que sobrepasen a los otros Poderes. El peligro de asumir como cierto lo que el senador pretende yace en que nos coloca en un escenario de incertidumbre jurídica, pues quién o quiénes podrán poner un freno cuando las mayorías en el Congreso - parafraseando al ministro Lainez - decreten que la mujer que decida interrumpir su embarazo será sujeta a prisión vitalicia.
O qué pasará si un día Morena declara que tu casa o coche deban pasar a ser propiedad del Estado, pues los recursos para costear programas sociales se han acabado y resulta necesario inaugurar “la era de la solidaridad del bienestar”. Lo sé, si antes sonaba ridículamente improbable, ahora suena ridículamente posible.
En ese y en todos los escenarios que proyecten ideas descabelladas el Poder Judicial de la Federación se constituye como un auténtico faro entre las tinieblas, pues, en discusiones que pretenden nublar o anular algún principio básico del Estado mexicano lo que en realidad está en juego es la posibilidad de seguirnos garantizando derechos.
¡Para ya! poder reformador.
