Apreciable ministro
He leído y escuchado casi todas las columnas y participaciones que ha tenido con relación a la reforma que el Ejecutivo Federal plantea al Poder Judicial de la Federación, debo anticiparle que me precio de ser admirador suyo, la solidez de su intelecto y la potencia de su argumentación son cualidades a las que cualquier primerizo en las cosas del derecho – como yo – aspira construir.
Hecha la deferencia, ahora toca exponer la diferencia.
Usted ha calificado como “indeseable”, la potencial politización de los juzgadores, y en otro tópico de su crítica a la reforma, afirma que, mientras la justicia habla sustentada en el pasado de sus razonamientos, la política radica en el futuro de las promesas.
Advierto que existen dos ideas que vale la pena filtrar para dilucidar la relación que existe (porque existe) entre política y justicia. En primer lugar, no es lo mismo hablar de política en el sentido amplio del género, que, de política electoral en un sentido estricto, la primera permea en todos los niveles del Estado y de la vida pública y privada de las personas, porque últimamente hasta lo personal es político, la segunda, únicamente se materializa en la dimensión representativa de nuestro sistema de gobierno.
Dicho lo anterior, yo le pregunto, ¿el Poder Judicial debe estar exento de la política? Si usted me dice que sí, yo le volvería a preguntar ¿De cuál? Porque justamente el quid de la reforma se circunscribe en cambiar la manera en que las personas juzgadoras llegan a los cargos más representativos del Poder Judicial, no en el espectro de los asuntos que hacen de los juzgados y tribunales actores relevantes para la sustentabilidad democrática.
Es el caso de la sentencias que revocan títulos de concesión de mineras que no respetaron el derecho a la consulta de pueblos y comunidades indígenas, o, las que garantizan y resguardan derechos de consumidores frente a empresas nacionales y transnacionales. Debemos partir de la premisa de que el Poder Judicial es una síntesis de la inteligencia social que refrenda los valores del acuerdo político que nos da origen como Estado: la Constitución.
Por eso, rehuir la asociación semántica de lo “político” con lo “jurídico” tiende a reafianzar el prejuicio que la sociedad tiene de sus jueces como extraterrestres a los que el resto de la sociedad tenemos el deber de descifrar entre latinismos y tecnicismos. Quienes integran el Poder Judicial de la Federación también ejercen derechos político – electorales y aunque eviten manifestar posturas políticas, definitivamente las tienen, y ¡qué bueno!, porque esas posturas catalizan cambios sociales y transforman realidades individual y colectivamente.
No tengo la certeza de que un jurista de su dimensión me lea, pero me mantengo en la esperanza.
Saludos desde Puebla.