/ miércoles 30 de mayo de 2018

Consejeros del INE, más papistas que el Papa

Si el tercer y último debate de candidatos a la Presidencia de la República estuviese en manos de Marcos Rodríguez del Castillo y los otros seis integrantes del Consejo Local del INE, tenga usted por seguro que no vería a Ricardo Anaya y José Antonio Meade llamándole mentiroso a López Obrador ni a este respondiéndole “Ricky Riquín Canallín” al panista.

Tampoco sería testigo de las actitudes retadoras del queretano en contra del tabasqueño, como cuando, en el segundo debate, caminaba hasta él para encararlo al mismo tiempo que pronunciaba una ráfaga de proyectiles verbales.

Mucho menos podría usted presenciar un nuevo y mejorado acto de pantomima de López Obrador, como el del saco y la cartera, para decirle ratero, otra vez, a Anaya.

En un hecho insólito, raro además, los consejeros Claudia Maribel González, Jordán Miranda, Caritina Tochimani, Alfredo Domínguez, Lucía Manzano, Gerardo Sánchez y el ya citado Marcos Rodríguez, en calidad de vocal ejecutivo, acordaron modificar las reglas del debate de candidatos al Senado para silenciar todo tipo de críticas entre los participantes.

En efecto, por decisión del Consejo Local del INE, como revela este día una nota del reportero Víctor Hugo Juárez, los debatientes que se verán las caras esta noche en la UDLAP tendrán muchas más restricciones al momento de tomar la palabra que los mismísimos aspirantes a la Presidencia de la República, con todo y que, se supone, las reglas de los encuentros entre presidenciables debían marcar la pauta en el resto de la elección federal.

“A fin de privilegiar en todo momento el derecho a la libertad de expresión, durante el desarrollo de los debates”, asientan los consejeros en unas líneas aderezadas de sarcasmo, “estará prohibido proferir calumnias a los candidatos contendientes, entendiéndose por éstas, imputaciones de actos o delitos falsos, así como cualquier expresión que denigre la integridad personal de alguno de ellos”.

Hasta aquí parece no haber inconveniente.

El problema viene después:

“En caso de verificarse algún supuesto de éstos”, añade el texto, contenido en el apartado de ‘Interacción entre candidatos’ de las reglas del debate, “se le cerrará el micrófono al candidato agresor”.

¿Qué le parece?

Por razones que tendrán que explicar, los consejeros locales resultaron más escrupulosos, y asustadizos, que sus pares del Consejo General.

Afirman privilegiar el derecho a la libertad de expresión, pero ordenan cerrar el micrófono a los candidatos “agresores”, sin importar la incómoda encrucijada en que pondrán, una y otra vez, a los moderadores.

Sandra Ortiz y Fernando Maldonado, periodistas de probada capacidad y profesionalismo, deberán reaccionar en segundos ante “calumnias” e “imputaciones falsas”, como si contasen con instrumentos de hechicería para determinar cuándo sí, y cuándo no, esos señalamientos son reales.

Cómo medir una “expresión que denigre la integridad personal” de un candidato.

Ante la duda, los comunicadores optarán por cerrar el micrófono cada vez que un aspirante alce la voz o cuestione a sus contrincantes, y no por su culpa, sino por la extraña restricción impuesta por los integrantes del órgano rector.

Así de superficial y laxo será el encuentro de esta noche entre los abanderados al Senado.

¿Qué pasó a los consejeros?

¿Por qué fueron más allá de las exigencias establecidas a los candidatos presidenciales?

¿A quién protegen?

Por suerte para los electores de este país, la organización del último debate presidencial no quedó en sus manos.


***

Las deserciones en el PRI también ocurren en el área de comunicación social.

Carlos Castillo Rosas ha decidido dejar las labores de comunicación y prensa que venía desempeñando con el priista Juan Carlos Lastiri Quirós desde hace más de 15 años.

Castillo Rosas se va por un mero asunto de incumplimiento.

El candidato al Senado de la República no cumplió los compromisos adquiridos con el comunicador a la hora de establecer los acuerdos de su relación laboral.

El ahora ex colaborador de Lastiri, a quien le fue leal durante tres lustros, se dedicará a sus negocios personales, entre los que figura la edición de un periódico de circulación regional.

Y no, por el momento no prestará sus servicios a otro partido político, aunque tenga ofertas de algunos candidatos.


Twitter: @jorgerdzc

Correo: jrodriguez@elsoldepuebla.com.mx

Si el tercer y último debate de candidatos a la Presidencia de la República estuviese en manos de Marcos Rodríguez del Castillo y los otros seis integrantes del Consejo Local del INE, tenga usted por seguro que no vería a Ricardo Anaya y José Antonio Meade llamándole mentiroso a López Obrador ni a este respondiéndole “Ricky Riquín Canallín” al panista.

Tampoco sería testigo de las actitudes retadoras del queretano en contra del tabasqueño, como cuando, en el segundo debate, caminaba hasta él para encararlo al mismo tiempo que pronunciaba una ráfaga de proyectiles verbales.

Mucho menos podría usted presenciar un nuevo y mejorado acto de pantomima de López Obrador, como el del saco y la cartera, para decirle ratero, otra vez, a Anaya.

En un hecho insólito, raro además, los consejeros Claudia Maribel González, Jordán Miranda, Caritina Tochimani, Alfredo Domínguez, Lucía Manzano, Gerardo Sánchez y el ya citado Marcos Rodríguez, en calidad de vocal ejecutivo, acordaron modificar las reglas del debate de candidatos al Senado para silenciar todo tipo de críticas entre los participantes.

En efecto, por decisión del Consejo Local del INE, como revela este día una nota del reportero Víctor Hugo Juárez, los debatientes que se verán las caras esta noche en la UDLAP tendrán muchas más restricciones al momento de tomar la palabra que los mismísimos aspirantes a la Presidencia de la República, con todo y que, se supone, las reglas de los encuentros entre presidenciables debían marcar la pauta en el resto de la elección federal.

“A fin de privilegiar en todo momento el derecho a la libertad de expresión, durante el desarrollo de los debates”, asientan los consejeros en unas líneas aderezadas de sarcasmo, “estará prohibido proferir calumnias a los candidatos contendientes, entendiéndose por éstas, imputaciones de actos o delitos falsos, así como cualquier expresión que denigre la integridad personal de alguno de ellos”.

Hasta aquí parece no haber inconveniente.

El problema viene después:

“En caso de verificarse algún supuesto de éstos”, añade el texto, contenido en el apartado de ‘Interacción entre candidatos’ de las reglas del debate, “se le cerrará el micrófono al candidato agresor”.

¿Qué le parece?

Por razones que tendrán que explicar, los consejeros locales resultaron más escrupulosos, y asustadizos, que sus pares del Consejo General.

Afirman privilegiar el derecho a la libertad de expresión, pero ordenan cerrar el micrófono a los candidatos “agresores”, sin importar la incómoda encrucijada en que pondrán, una y otra vez, a los moderadores.

Sandra Ortiz y Fernando Maldonado, periodistas de probada capacidad y profesionalismo, deberán reaccionar en segundos ante “calumnias” e “imputaciones falsas”, como si contasen con instrumentos de hechicería para determinar cuándo sí, y cuándo no, esos señalamientos son reales.

Cómo medir una “expresión que denigre la integridad personal” de un candidato.

Ante la duda, los comunicadores optarán por cerrar el micrófono cada vez que un aspirante alce la voz o cuestione a sus contrincantes, y no por su culpa, sino por la extraña restricción impuesta por los integrantes del órgano rector.

Así de superficial y laxo será el encuentro de esta noche entre los abanderados al Senado.

¿Qué pasó a los consejeros?

¿Por qué fueron más allá de las exigencias establecidas a los candidatos presidenciales?

¿A quién protegen?

Por suerte para los electores de este país, la organización del último debate presidencial no quedó en sus manos.


***

Las deserciones en el PRI también ocurren en el área de comunicación social.

Carlos Castillo Rosas ha decidido dejar las labores de comunicación y prensa que venía desempeñando con el priista Juan Carlos Lastiri Quirós desde hace más de 15 años.

Castillo Rosas se va por un mero asunto de incumplimiento.

El candidato al Senado de la República no cumplió los compromisos adquiridos con el comunicador a la hora de establecer los acuerdos de su relación laboral.

El ahora ex colaborador de Lastiri, a quien le fue leal durante tres lustros, se dedicará a sus negocios personales, entre los que figura la edición de un periódico de circulación regional.

Y no, por el momento no prestará sus servicios a otro partido político, aunque tenga ofertas de algunos candidatos.


Twitter: @jorgerdzc

Correo: jrodriguez@elsoldepuebla.com.mx