En poco tiempo miles de pobladores de Chiapas vieron cómo se transformó la realidad cotidiana. Desde San Cristóbal de Las Casas hasta Frontera Comalapa se desborda la violencia. En los límites con Guatemala cientos de mexicanos deciden refugiarse en el vecino país. Denunciar este nivel de criminalidad le costó la vida al sacerdote Marcelo Pérez. En el sexenio del gobernador Rutilio Cruz Escandón Cadenas la espiral delictiva se desató.
En Guerrero la barbarie no tiene precedente. Mientras la gobernadora Evelyn Salgado canta, los grupos criminales se empoderan ante una autoridad abiertamente cómplice. Por lo menos son diez las organizaciones que pelean el control del estado. La decapitación de Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, la ejecución de nueve comerciantes y dos niños revelan la dimensión de la catástrofe humanitaria en aquella entidad.
En el caso de Sinaloa el gobierno mexicano tiene el pretexto de culpar a Estados Unidos por el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, hecho que detonó una guerra intestina. No se debe omitir que el gobernador Rubén Rocha Moya estuvo directamente involucrado y “la Mayiza” solo espera el momento de cobrarle el agravio. Pese al enorme despliegue de efectivos militares, en unos días los homicidios y desapariciones aumentaron en 400 por ciento.
Caso semejante se vive en Villahermosa y las principales ciudades de Tabasco donde aparecen lonas amenazando al gobernador Javier May Rodríguez. El desafío de los criminales contra el estado es abierto. El mandatario tuvo que reforzar su seguridad personal y evita las concentraciones en foros abiertos ante los amagos de la delincuencia organizada.
Desde este momento un hedor se percibe desde Ciudad Juárez hasta Tapachula. No se puede ocultar que la designación de Omar García Harfuch como titular de Seguridad es un error. Sobre todo porque su nombramiento fue tomado como una provocación por los cárteles dominantes.
A estas alturas queda en evidencia que la injerencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana es un yerro. El país se está incendiando de manera acelerada.
Y aunque en las conferencias matutinas se asegura una drástica disminución en el número de homicidios, en las calles de México la percepción social es muy distinta.
En unos meses el gobierno de Puebla se dará cuenta que la aportación de García Harfuch es mínima. Que sus recomendaciones poco abonarán a la seguridad de los poblanos.
En breve plazo verán que solo el gobierno de Puebla puede salvar a Puebla. Que la voluntad política del mandatario es el requisito ‘sine qua non’ y que valen más diez oficiales de la Marina haciendo labores de inteligencia que 100 patrullas transitando en círculos en la zona metropolitana.
Es evidente que solo una estrategia local evitará que en la zona de las Cholulas suceda un atentado como el ocurrido en Querétaro.
Como lo describe Cúpula, en diferentes puntos del país se muestra que algunos gobernadores no son factor de pacificación. Por el contrario, son aliados de los criminales. El caso de Rubén Rocha Moya es el más representativo.
La tesis es muy sencilla: poco puede aportar García Harfuch a la seguridad de los poblanos; como poco hace en la esfera nacional.
Puebla debe blindarse con sus propias estrategias; con la firme voluntad de sus gobernantes y autoridades policiacas.
La solución no está en una mano que venga del exterior. Todo deberá partir de una firme decisión en el interior.
Al tiempo.
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