Desde hace unas semanas organizaciones del transporte urbano de la ciudad de Puebla exigieron un aumento en las tarifas.
En los últimos años estos grupos se han convertido en verdaderas mafias en las calles. Tanto en Puebla capital como en los principales municipios del interior hacen lo que quieren.
Conductores groseros, atrabiliarios que maltratan a los usuarios y se pasan los semáforos en rojo en cualquier punto de la ciudad o juntas auxiliares. Unidades viejas que circulan destartaladas y no tienen las menores medidas de seguridad; ni siquiera un extintor, mucho menos las cámaras de videovigilancia a las que se comprometieron.
Hace unos años se les autorizó un aumento considerable con la condición de que modernizaran sus unidades. El compromiso jamás se cumplió; por el contrario, se les permitió que siguieran operando como si fueran los amos de las calles.
La administración del gobernador Sergio Salomón, a través del secretario de Gobernación Javier Aquino Limón, señaló que no se autoriza aumento alguno. Frente a esa postura se espera que el mandatario entrante Alejandro Armenta confirme la continuidad y ponga orden en un gremio que causa innumerables problemas.
Sexenio tras sexenio vemos como las organizaciones transportistas imponen sus condiciones y amagan a los gobiernos, al tiempo que ofrecen un pésimo servicio a los ciudadanos.
Los conductores de colectivas y microbuses son sujetos con una actitud grotesca. Y sucede es lo mismo desde Xicotepec de Juárez hasta Ajalpan.
Llegó el momento de que el gobierno del estado exija que cumplan con su compromiso de modernizar las unidades, capacitar a sus toscos choferes y comenzar a respetar las reglas de vialidad.
Si no lo hacen, la Secretaría de Movilidad tiene todas las facultades para aplicarles sanciones como retener las unidades e incluso cancelar algunas concesiones.
Armenta muestra un carácter firme, a veces impetuoso. Se espera que esa faceta la aplique al gremio transportista que se ha conducido de manera caciquil y arbitraria.
En la ciudad de Puebla la organización chantajista Antorcha Campesina controla rutas completas que están fuera de la ley. Se trata de decenas de unidades piratas sin control alguno. Y ya buscan aplicar el mismo modelo en otras ciudades del estado. Esto es inaceptable.
Un funcionario que demostró tener el talante para enfrentar a esas organizaciones es Omar Álvarez Arronte. Lamentablemente hasta el momento no se tiene considerada su inclusión en el próximo gobierno, pero se trata de un operador “todo terreno” que lo mismo puede ir a Huauchinango que a Chiautla de Tapia a imponer orden.
Si los permisionarios exigen, antes deben cumplir con ofrecer un servicio digno para los ciudadanos.
En Puebla el 50 por ciento de las unidades está en mal estado. Desde el periodo barbosista se comprometieron a modernizarlo y no lo hicieron. La mitad de sus unidades están destartaladas y el 90 por ciento son conducidas por choferes ofensivos, groseros con los usuarios. Esto se debe corregir.
Las expectativas sociales sobre la próxima administración son considerables. Diferentes grupos esperan la estrategia de seguridad, así como una postura firme frente a las organizaciones transportistas.
Puebla tiene uno de los peores transportes concesionados del país. Llegó la hora que se ha esperado por sexenios: aplicar la ley a quienes no cumplen con los ciudadanos.
Estaremos atentos.
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