Las elecciones del pasado 2 de junio dejaron un territorio lleno de incertidumbres respecto a la oferta partidista de oposición en México.
La peor parte se la llevó el de la Revolución Democrática, que, si bien le va, quedará como partido local en alguno o algunos de sus territorios-reservas de votos.
Los resultados electorales señalan que el voto duro, tanto del PRI como del PAN están disminuyendo y eso, al menos desde la perspectiva demoscópica señala que el electorado quiere oposición, pero no la misma que se conoce desde hace décadas.
El PRI perdió 2 millones de votos en seis años y en el caso del PAN, tiene los focos rojos encendidos con apenas 277 mil militantes, alrededor del 0.27 por ciento del Padrón Electoral. Literalmente, está en la raya para que se le venga encima la Ley General de Partidos.
Suena difícil pensar en que México trascenderá con un régimen de partido único.
Si bien es cierto que la Presidencia de la República la obtuvo holgadamente el partido Morena, hay docenas de millones de personas que votaron contra este o no votaron.
La prudencia señala no armar otro “Frente” sino trabajar con partidos políticos que tengan identidad propia y no un pastiche que muy pocos electores entiendan, particularmente los jóvenes, que son los que le dieron una paliza al sistema de partidos en lo general.
Podría pensarse que el desplome de la oposición política en México es un problema exclusivo de los partidos que están en contra de Morena, pero si se piensa a profundidad, en realidad expone una crisis de Estado.
Los partidos políticos no son solamente grupos de interés sino elementos que componen a un edificio más amplio sobre el que descansa el sistema democrático.
La Constitución los define como entidades de interés público que determinan sus normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos y las obligaciones y prerrogativas que les corresponden.
Si un partido político arrasa en las elecciones, pero no tiene contrapesos, se asoma un proceso sistémico y estructural de corrupción, en donde se terminará por producir los mismos efectos que se han resaltado de las eras priista y de la panista en la Presidencia.
La caída reciente de la oposición es un tema de Estado.
En un sistema donde solamente gana un partido político, se dan las condiciones para producir severos desequilibrios al interior de las instituciones que conforman un régimen democrático y republicano.
Es entonces, que nuestro país se encuentra en una encrucijada de la que deberíamos tomar nota, dada nuestra trágica costumbre de darle todo el poder al César y luego eliminarlo.
De las anécdotas
que se cuentan
En 1946, el partido Nacional Revolucionario cambió el nombre por de la Revolución Mexicana y concluyó como Revolucionario Institucional. La contradicción en ambos términos refleja la paradoja del régimen.
Así, cada seis años, un presidente designado en función del equilibrio de fuerzas dentro del partido y ratificado en elecciones con un apoyo masivo, ejercía el poder absoluto.
Era, como lo señaló Enrique Krauze, “una presidencia imperial”.
El PRI nunca tuvo ideología definida, más allá de los principios generales. Asumía la del presidente en turno: fue socialista con Lázaro Cárdenas (1934-1940), populista con Luis Echeverría (1970- 1976) o liberal con Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
De cara al exterior, México aparentaba ser una democracia estable. Hacia dentro, el PRI controlaba y auspiciaba sindicatos, medios de comunicación y hasta grupos de oposición.
Compraba voluntades y repartía subsidios.
Era la “dictadura perfecta”, como lo definió Mario Vargas Llosa.
A finales del siglo pasado, los priistas reconocieron que no podrían sobrevivir más con su eterno modelo de partido casi único y perdieron en las urnas.
Hoy, hay una fuerza única, Morena, que domina y tiene en el piso a sus opositores, pero eso, con todo e ideología definida, no los exime de vivir en un mediano plazo una crisis política.
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