La Asamblea General de las Naciones Unidas en 2002 designó el 23 de junio a la Administración Pública. El tema no es menor si consideramos que el curso de los países depende de sus gobiernos y éstos de sus funcionarios, para administrar los recursos públicos. Implementación de programas y políticas que garanticen los derechos sociales, mantenimiento del orden y alentar la inversión en infraestructura para el crecimiento y desarrollo.
La función de la administración pública es dotar de racionalidad al Estado para que cumpla sus finalidades, posibilitar relaciones de colaboración y cooperación social. Pero también es necesario medir estas acciones; para el caso de México la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) más el Estudio “Panorama de las Administraciones Públicas en América Latina” que publica la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que proponen mejoras graduales de la confianza ciudadana en los gobiernos y sus administraciones públicas.
¿Qué satisfacción tienen los ciudadanos cuando se relacionan con los servidores públicos para tramitar y recibir los servicios públicos, y qué atención reciben a través de programas sociales y políticas públicas? La respuesta tiene relación con los componentes de las acciones de gobierno, pero también es importante considerar los montos que se destinan para solventarlos. Así que, las administraciones públicas pueden conformar dinámicas virtuosas para que haya más áreas de mejora en los servicios y trámites.
En marzo de 2024 se publicaron los resultados de la ENCIG con datos relacionados con Servicios Públicos Básicos, Servicios Públicos Bajo Demanda, Nivel de Satisfacción General con los Servicios Públicos Básicos y Bajo Demanda, Experiencias con Pagos, Trámites y Solicitudes de Servicios Públicos, Percepciones y experiencias de corrupción, Confianza en Instituciones, y Confianza en los actores de la administración pública.
Es relevante que entre 2021 y 2023 la prevalencia de la corrupción en 8 entidades aumentó (Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Colima, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala), y en 4 entidades disminuyó (Baja California, Guanajuato, México y Puebla), personas que sufrieron actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por cada 100 000 habitantes. En cuanto a los niveles de satisfacción general a realizar pagos, trámites o solicitudes: en pagos del Servicio de luz, de agua potable, Predial y Tenencia o impuesto vehicular, las personas se mostraron muy satisfechas o satisfechas al realizarlos; los trámites de educación pública, registro civil, fiscales, los niveles de satisfacción fueron de82 y 84%. Pero para abrir una empresa, trámites municipales, del servicio de energía eléctrica o permisos relacionados con la propiedad, los niveles de satisfacción son del 57 a 50.9%. Los trámites ante el Ministerio Público o Fiscalía Estatal, así como los servicios Municipales, gozan de satisfacciones del 46 al 37.6%.
La evaluación de la administración pública sigue siendo una herramienta para maximizar los bienes públicos y mejorar las áreas de atención a la sociedad. Así se dejó reflejado en la serie de conferencias que ofreció la Secretaría de la Función Pública, que permitieron también conocer los esfuerzos que se han realizado para profesionalizar el servicio público. Las áreas de oportunidad están en el nivel Estatal y Municipal, falta mucho camino par que esa profesionalización llegue a implementarse. Ya veremos cómo se aplica la capacitación en las nuevas administraciones que vienen.
*Politóloga, profesora-investigadora. Miembro Fundadora de la AMECIP y secretaria de Membresías. Mail: margarita_arguelles@hotmail.com
