Derivado de mi anterior contribución, recibí diversos y muy valiosos señalamientos que me permitieron reflexionar sobre la soberanía e independencia de nuestro México, razón por la cual; si bien la soberanía exige tomar decisiones independientes y defender los intereses de nuestra nación a nivel internacional, donde no haya la interferencia de otras naciones, el jefe del Estado Mexicano debe ser congruente y no intervenir en señalar o entrometerse en la vida de otras naciones como lo ha hecho el presidente López Obrador.
Y como lo define una escuela de pensamiento la soberanía, que un país es más soberano si el gobierno es propietario de empresas, especialmente las estratégicas, es decir, cuantas más empresas tenga el gobierno bajo su control, mayor será la soberanía del país. Situación que el gobierno tomo como principal argumento para definir e interpretar la soberanía mexicana.
Sin embargo, esta interpretación limitada, careció de lógica y fundamento; pues solo en el actual sexenio se utilizó para poder satisfacer a los más radicales, toda vez que la soberanía debe ir apoyada por progreso, crecimiento, e incremento de los estándares de vida de todos los habitantes de la nación.
En consecuencia, el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum enfrentará presiones de todo tipo, algunas verdaderamente difíciles como el gasto en pensiones y el costo financiero de la deuda, que llegó a 14% en 2023.
Por si fuera poco, el fracaso fiscal que representó el supuesto rescate de Pemex le destinaron casi un billón y medio de pesos entre 2019 y septiembre de 2023, reduciendo la deuda de la empresa, sin embargo, su perfil de vencimiento empeoró y, la producción de crudo permanece estancada y la refinación ocasiona pérdidas cada trimestre.
Ante este panorama se vislumbra en el corto plazo, la urgencia de una reforma fiscal, la cual permita incrementar los ingresos públicos, pero si esto no se acompaña con un rediseño del gasto, de poco o nada servirá.
Pues los proyectos del actual sexenio, cuya rentabilidad social y responsabilidad ambiental ha sido cuestionable, serán un lastre para la administración entrante, destinará una parte importante del presupuesto para su conclusión y operación y; la inversión privada no podrá detonarse de forma inmediata, lo cual requerirá incrementar los impuestos, para hacer frente a los compromisos contraídos.
Además, en la política social, que si bien es ampliamente aceptado el apoyo a la población vulnerable (como los adultos mayores), establecido dentro de los programas universales y que no necesariamente llegan a quienes están en la situación más crítica, aunado a las transferencias de efectivo que se profundizó en esta administración, no podrán eludirse en la próxima administración.
Y sectores tan importantes para el desarrollo de la sociedad, como el sistema de salud, cuya ineficiencia y carencia creció, pasando de 20.1 a 50.4 millones de personas entre 2018 y 2022, que carecen de acceso a un sistema. Y del rezago educativo que paso de 23.5 a 25.1 millones de personas en el mismo período, esperemos que el 2024-2030 se priorice el apoyo al sector salud y a la educación.
Esto, sin duda es solo una muestra de los enormes retos que enfrentará la próxima presidenta de México, ante una sociedad totalmente polarizada y agraviada, la cual demanda ser atendida y escuchada sin atropellos, insultos, amenazas y consignas que fue el sello de la administración saliente.
En una república democrática, lo deseable es que el gobierno en sus tres niveles asuma el compromiso de gobernar para toda la sociedad, que dignifique el trabajo legislativo y asuma su compromiso social para el cual fueron electos.
Que la nueva legislatura promueva e impulse políticas públicas que beneficien y fortalezcan la gobernabilidad; esa sería una acción plausible, que permitiría sacar de la pobreza o de la marginación a millones de mexicanos, quienes en su actuar cotidiano no encuentran salida para vivir dignamente. Solo así se podrá señalar que el pueblo mexicano es soberano e independiente.
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