A fin de garantizar los derechos que hoy definimos como fundamentales las sociedades delegan por medio de la política a unos cuantos la responsabilidad de gobernar. El derecho al libre tránsito o los derechos a la manifestación y expresión se enmarcan desde y hacia la libertad; la prohibición a la autoincriminación o las reglas y procedimientos claros en cualquier juicio, constituyen los fundamentos de la justicia.
Dicho esto, y asumiendo que este martes nos encontramos tú y yo platicando, me permito preguntarte: ¿Los que gobiernan tienen derechos? Si tú me dices que sí, yo te pediría revisar la Constitución y concretamente el artículo 89 ¿Lo revisaste? Si no lo hiciste ni te preocupes porque esto no es un examen, te lo transcribo:
“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
I a XX…”
Como puedes advertir, el artículo establece las facultades y las obligaciones del Presidente de la República, entonces no hablamos de derechos, sino de facultades, que por principio de cuentas, facultad significa “poder”, o, en otras palabras, el artículo refiere lo que el gobernante puede, pero también lo que está obligado a hacer, y ¿Cómo es que quien gobierna hace valer sus decisiones? La respuesta está en que el Estado cuenta con el monopolio de la violencia, es decir, quien gobierna se vale de la fuerza para imponer sus determinaciones haciendo que ni la libertad ni la justicia sean derechos absolutos.
No obstante, existe un derecho que, si bien no está escrito, está inscrito en las necesidades de la clase política: el derecho a la mentira. Mentir es una necesidad y una herramienta blanda para gobernar, para muestra un ejemplo, ¿Tenemos mejor sistema de salud que Dinamarca? No, ¿Con López Obrador acabó la corrupción? No, ¿El tren maya no taló un solo árbol? Claro que no. Nos mienten para hacer soportable la realidad. Nos mienten porque pueden, y lo peor, porque sienten que deben.
A la mentira hay que ganarle espacios, por eso, la Constitución nos otorga dos herramientas constantemente infravaloradas: los derechos de petición y de acceso a la información. Porque para comprender lo que pasa, tenemos que hacernos con pedazos de verdad. Por eso, ahora que el régimen plantea modificar los alcances del Juicio de amparo y eliminar el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), nuestro derecho a la verdad se ve asediado por lo que el poder asume como principio básico y prerrogativa indispensable para gobernar: la mentira.
Nuestro derecho a la verdad representa un freno a la discrecionalidad legal o ilegal, un espacio de autodeterminación que nos coloca como revisores de las facultades del poder, por eso, para garantizar la libertad y la justicia es necesario combatir la mentira defendiendo nuestro derecho a la verdad. De no hacerlo, llegará el día en que la realidad deje de confirmar lo que el poderoso dice, y peor, que nosotros optemos por renunciar a expresarnos por miedo a lo que pensamos.
Nota oportuna
Les comparto que dos lectores que comparten con ustedes mi columna de los martes y que me enorgullezco de llamar amigos, se casaron hace un par de semanas. Felicidades Tavo y Caro, el amor es un camino a la verdad y ustedes lo han emprendido.
