En un entorno democrático y ante una sociedad civilizada, se debe acatar el principio fundamental del estado de derecho, es decir, la legitimidad, la cual debe ir acorde al orden jurídico establecido y al ejercicio del poder; pero finalmente quienes la otorgan son los ciudadanos, y para ser más explícito, debemos separar la legalidad de la legitimidad.
Legalidad se refiere a la presencia de las leyes que deben cumplirse con base en ciertos actos acciones o circunstancias, es decir, enmarca todo el sistema de leyes que rigen a toda una sociedad, por lo cual en algunas comunidades se alude al principio o concepto histórico de usos y costumbres.
En tanto el término legitimidad se emplea en la teoría del Derecho, en la ciencia política y en la filosofía con el fin de definir y comprender una cualidad de ser o estar conforme al marco legal, de tal manera que:
En la política, la legitimidad se relaciona con “la capacidad de un poder para obtener obediencia de la sociedad sin recurrir a la coacción como amenaza de la fuerza. Luego entonces, un Estado es legítimo si los miembros de la comunidad aceptan la autoridad vigente”.
En materia jurídica, la legalidad se define como “las normas que son obedecidas sin mediar el recurso de la ley. Para que una norma sea legítima debe ser válida, justa y eficaz”.
Y para la filosofía, la legalidad es el conocimiento justificado. Es decir, “se reconoce a una persona por poseer conocimiento legítimo”.
Por todo lo anterior, tanto la ética como la filosofía política analizan los mecanismos de control que emplea el poder y la forma en como se ejerce sobre los grupos sociales y, como lo señale en mi contribución pasada, esperamos que, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, al contar con un bono democrático que le otorgaron millones de votantes en las urnas, no lo considere un cheque en blanco; su legitimidad dependerá del cumplimiento a las promesas señaladas durante su campaña y de la inclusión de todos los sectores sociales del país, así como del respeto e inclusión de los diversos grupos minoritarios.
Los datos que arrojo la elección del pasado 2 de junio establecen: del total del padrón electoral, 39 millones de mexicanos inscritos no participaron; cerca de 36 millones optaron por respaldar la continuidad con Claudia Sheinbaum y 25 millones optaron por el frente opositor, incluido Movimiento Ciudadano. Es decir, cerca de 64 millones de mexicanos NO le otorgaron el voto a la presidenta electa, lo cual refleja que no es una minoría.
Sin embargo, nuestra democracia constitucional establece que, quien cuente con la mayoría de los votos válidos obtiene el triunfo, pero que debe quedar a salvo los derechos de las minorías para que continúen en el juego democrático y que conforme al mandato Constitucional se mantenga la separación de los poderes del Estado.
Por su parte, la rendición de cuentas y la transparencia deben ser garantes para dar credibilidad y legitimidad a los gobiernos electos democráticamente en sus tres niveles, así también para los legisladores y servidores públicos; cuya principal misión es que atiendan al interés general y no a intereses de otra índole.
Por lo antes expuesto, es necesario que en los planes de gobierno incluyan agenda con acciones y compromisos concretos, que se evalúen y sean medibles, para evitar que la indignación sucumba en la intolerancia de los grupos violentos que emergen de la clandestinidad, o de las clientelas partidistas; ello requerirá de inteligencia y objetividad en las acciones de gobierno para enfrentar los desafíos presentes y futuros.
El rumbo de México debe ser el de la legalidad, donde el estado de derecho sea para todos, donde no se necesite dinero para acceder a la justicia, donde no se afecte a terceros; en síntesis, se debe legitimar el Estado Mexicano, ampliando los espacios de participación, respetando a las minorías y la libertad de expresión.
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