Basta leer a los especialistas, y también hablar con cualquier ciudadano, para saber que los males del Poder Judicial son la corrupción, la ineficacia y un nepotismo que lo hiere y lo aleja de la ciudadanía.

La cuadratura del círculo que siguen sin encontrar y que no saben justificar quienes apoyan la Reforma Judicial es cómo solucionará esos problemas la reforma más antidemocrática que haya aprobado un gobierno desde el Fobaproa.

Que el pueblo elija a los ministros de la Corte no es lo mismo que elija a jueces y magistrados. De los primeros, su nombramiento ya está impregnado de un tamiz poco jurídico y sus decisiones (en casos importantes) rozan la política. Pero la actividad diaria de los jueces y magistrados está lejos de vaivenes políticos. Se politizará el nombramiento, lo que en todo caso hoy se realiza a través de un proceso que, con sus altas y bajas, asegura el conocimiento de quien accede a esos puestos y se aleja de cuestiones políticas.

No obstante lo anterior, podríamos conceder que actualmente el nombramiento de los jueces está igual de partidizado y politizado de lo que estará en junio próximo. ¿Qué cambiará? Los requisitos para ser jueces y magistrados son ahora menos estrictos y la elección la hará la sociedad. ¿Será suficiente? La ingenuidad no debe cegarnos y quienes apoyan la reforma lo saben: si el resultado de una elección fuera óptimo solo porque participa el pueblo, tendríamos grandes legisladores o presidentes municipales, gobernadores o presidentes de la república. La participación popular legitima un proceso, pero de ninguna manera asegura que quien resulte ser electo desempeñe un trabajo adecuado: los legisladores son el mejor ejemplo de lo que aquí se expone.

¿Cómo acabar con la corrupción si eso no tiene que ver con el nombramiento, sino con el ejercicio cotidiano? ¿A través de un tribunal disciplinario que revise con un tufo de la Gestapo la actividad de esos jueces que se porten mal y emitan sentencias contrarias al “interés público”? Todos sabemos que ese Tribunal fungirá como garrote afín al gobierno en turno, pero no como solución que mejore la actividad de los jueces.

Quienes apoyan la reforma no aportan las razones suficientes que hagan confiar en una transformación democrática del Poder Judicial. Esto es una cooptación del Poder Judicial desde el Ejecutivo no solo para controlarlo (ese afán siempre lo tienen los presidentes), sino para que su existencia sea simbólica, para convertirlo en lo que los gobernadores (de todos los partidos) tienen convertidos a los Poderes Judicial locales: meros parapetos que justifiquen sus anhelos de democracia. Se busca un Judicial sumiso, dócil, poco o nada proclive a la crítica. La reforma le dará un poder a la ciudadanía para elegir a quienes estén en la boleta. A partir de junio del próximo año tendremos el Poder Judicial de los mediocres. Porque elegir entre los malos no hará buenos a quien las urnas arrojen como los “electos”.