El pasado 15 de noviembre, como cada año, el Secretario de Hacienda entregó el Paquete Económico al Congreso de la Unión quien tendrá hasta el último día de diciembre para aprobarlo y así pueda ejercerse desde el primer minuto del 2025, con un incremento de 236 mil millones comparado con el de 2024. En el Comunicado No. 68 de la SHyCP se proyecta un crecimiento económico de entre 2 y 3%, menor al que se esperaba, además de que la inversión en infraestructura será menor que lo que espera en 2026 y 2027, cuando se inicien las obras de su gestión.
A reserva de un análisis más profundo, se aprecia que los órganos autónomos Instituto Federal de Telecomunciaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), tienen asignados los mismos recursos que tenían en 2024, a pesar de que estarán discutiéndose en la Cámara de Diputados para que desaparezcan o se unifiquen, lo que resta de noviembre. De hecho, la dependencia que asuma las actividades, en el escenario de su desaparición, tendrá que ejercer su presupuesto, aunque seguramente con modificaciones.
Por otro lado, hay recortes para la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Salud, Energía (SE), del Medio Ambiente (SMA), Presidencia de la República, Turismo (SECTUR), de Gobernación (SEGOB), de Relaciones Exteriores (SER), del Trabajo (ST), la de Hacienda (SHyCP), de Agricultura (SA), de Economía y de Cultura (el presupuesto más bajo desde su creación). En ese mismo orden presentan reducciones en sus presupuestos.
La redistribución e incremento se aprecia en los presupuestos asignados para el Poder Judicial, la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Poder Legislativo, el Senado y la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación (que depende de ésta última). Además, incremento al presupuesto de la Fiscalía General de la República (FGR), la de Educación Pública (SEP), la del Bienestar, la de Función Pública que se transformará en Anticorrupción y Buen Gobierno y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). ¿Qué intereses tiene el Plan Nacional de Desarrollo de la nueva presidenta? Las más beneficiadas son la clave: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) (57.6% más) y Desarrollo Rural (183.3% más).
Una gestión fiscal responsable, un déficit moderado y una deuda estable, de la mano de una recaudación digitalizada para combatir la evasión, más la simplificación de procesos administrativos, son proyecciones que suenan alentadoras para el crecimiento del país. La apuesta está en la activación del mercado a través del consumo, que se verá fortalecido con la ampliación de la cobertura de los Programas para el Bienestar. Sumar a esto el incremento al salario mínimo de al menos 12% para 2025.
El presupuesto impacta a las instituciones dependiendo de su naturaleza y objetivos de creación. Tal es el caso de la UNAM y el IPN, que reclamaron el inicial recorte, por lo que el secretario de Hacienda corrigió para afirmar que recibirán un incremento del 3.5%. Ya veremos cómo finalmente se aprueba, pero con la mayoría calificada de su partido, esta presidencia tendrá lo que quiere, aunque no sabemos cómo abonará al Desarrollo que necesitamos.
*Politóloga, profesora-investigadora. Miembro Fundadora de la AMECIP y secretaria de Membresías. Mail: margarita_arguelles@hotmail.com
