La administración del ya saliente presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha caracterizado por una sola cosa, la improvisación, si bien en su arribo al poder abundaban los buenos deseos, 6 años de Cuarta Transformación nos han enseñado que la buena voluntad (si es que alguna vez la hubo), no es suficiente para atender las muy diversas problemáticas que aquejan a nuestro país.
Para nadie es un secreto que, desde antes del arribo del nacido en Macuspana a Palacio Nacional, las instituciones mexicanas eran todo menos perfectas, sin embargo funcionaban, no obstante la llegada al poder del líder de Morena a la máxima magistratura, significó lejos de un esfuerzo por conservar lo bueno y combatir lo malo, se trató de una destrucción paulatina de lo construido en el pasado y para ello dos ejemplos claros:
Primero la desaparición del Seguro Popular, nacido en la administración de uno de los enemigos jurados del Lopezobradorato Vicente Fox, que fuera reemplazado por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), de una manera opaca y abrupta, principalmente porque los números si bien no eran perfectos y tenían muchísimo que mejorar, arrojaban una funcionalidad que ameritaba ajustes y no su extinción, de hecho el Seguro Popular tenía un padrón de beneficiarios de 54 millones de mexicanas y mexicanos, en ese mismo sentido, de acuerdo a Julio Frenk, ex secretario de salud, el presupuesto de la secretaría de salud aumentó en un 210% entre el 2000 y el 2018.
No obstante lo anterior, en el 2019 se tomó la decisión por parte de Morena y aliados de llevar a cabo la extinción del Seguro Popular para implementar el antes citado INSABI, el cual fue también extinto por la bancada morenista luego de que tras la extinción del Seguro Popular, 50 millones de personas se quedarán sin medicamentos, lo que llevó a otra improvisación, la mega farmacia, misma que nos costaría 2 mil 700 millones de pesos, la cual fracaso de igual manera al surtir únicamente 3 recetas al día, dejando tras de sí un desbasto de medicamentos como no se vivía antes, pues si hacemos la comparación, mientras Peña Nieto dejó sin surtir 3.1 millones de medicinas, este gobierno ha alcanzado la cifra de 15 millones de medicamentos.
El segundo ejemplo que nos enseña lo catastrófico que resulta el destruir en vez de arreglar, es la cancelación del aeropuerto de Texcoco por el de Santa Lucía, pues el aeropuerto iniciado por el expresidente Enrique Peña Nieto, era sujeto de acusaciones de corrupción al interior (Mismas de las cuales no dudamos), no obstante ni se comprobaron ni hay algún detenido por los supuestos actos de corrupción, pero aun así lo cancelaron para dar pie a la construcción del AIFA, una decisión que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, resultó 232% más caro de lo que iba a costar el aeropuerto de Texcoco, pues si consideramos la deuda por la liquidación de los contratos en ese entonces vigentes, la cifra se sitúa en 331 mil 996 millones de pesos.
Y por si no fuera suficiente, se estimaba que la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles tendría un costo de 84 mil millones de pesos, sin embargo, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Hacienda y al presupuesto de Egresos del Estado, la obra nos terminó costando 104 mil 531 millones de pesos, 24% más de lo prometido, además de que la promesa de hacer una reserva ecológica en el lago de Texcoco (Donde estaría el aeropuerto cancelado), tampoco se cumplió, esto sumado a que además, tampoco se solucionó la razón principal de la construcción de un nuevo aeropuerto, desahogar el tráfico en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el cual sigue con sobrecupo y sin mantenimiento.
Estos dos ejemplos son una prueba fehaciente de los riesgos de la multicitada frase “Destruir en vez de arreglar”, y pudiesen ser un peligroso preludio para la nueva improvisación de la 4T, la extinción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la conocemos, esto con la implementación de la elección de ministras y ministros mediante el voto popular y la extinción de la Judicatura Federal y de los fideicomisos del Poder Judicial, nuevamente no dudamos de la existencia de jueces corruptos o ineficientes, sin embargo esta reforma además de la improvisación, se ve como una venganza por echar para atrás algunas reformas de López Obrador que eran claramente inconstitucionales.
Es evidente que hay una fe ciega, casi religiosa a la Cuarta Transformación y su líder, la evidencia está en los resultados obtenidos el pasado 2 de junio, sin embargo es menester informarse y reflexionar sobre las consecuencias de esta nueva improvisación, tomando en cuenta los dos fracasos previamente relatados y lo que nos costaron, esto además de recordar también, que la finalidad del poder judicial, no es llevarse bien con los otros poderes (Ejecutivo y legislativo), ni mucho menos representar como tal la voluntad del pueblo (A pesar de que sean electos de manera indirecta por este), sino la de hacer valer nuestra constitución y las leyes que rigen al país.
Si se desea combatir los problemas judiciales en México ¿Porque nadie habla de la Fiscalía General de la República o las Fiscalías Estatales? Evidentemente las y los integrantes del Poder Judicial están lejos de ser perfectos, pero funcionan, lo ideal sería componer lo que sirve y arreglar lo que no, en vez de una nueva improvisación, la cual se confirma debido a que ni siquiera al interior de Morena se han puesto de acuerdo sobre el Plan C, pues mientras Claudia Sheinbaum asegura que el costo de la elección al Poder Judicial sería de 7 mil millones de pesos, Ricardo Monreal dice que no, que serían 3 mil 500 millones, una diferencia de 4 cifras, a solo dos meses y medio de que se apruebe o no esta reforma.
En fin, es más fácil destruir que arreglar.