La relación entre el gobierno federal y los estados en México ha sido un tema central desde la conformación del Estado mexicano moderno. A lo largo de nuestra historia, la balanza del poder ha oscilado entre la centralización, que otorga a la presidencia un rol dominante, y el federalismo, que busca dar mayor autonomía a los gobiernos estatales. Hoy, más que nunca, este equilibrio se pone a prueba.
En la administración actual, el debate se ha intensificado ante los cuestionamientos sobre el control que ejerce la Presidencia sobre áreas clave como los recursos públicos, la seguridad y la política social. Las transferencias federales y la asignación presupuestaria han sido el centro de muchas discusiones entre los gobernadores y el Ejecutivo federal. Aunque estas tensiones no son nuevas, la magnitud de los recursos involucrados y las decisiones estratégicas en torno a su distribución están marcando un parteaguas en las relaciones federales.
La reciente apuesta por proyectos de infraestructura de gran escala, como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, ha reavivado la discusión sobre la centralización del poder. Gobernadores de estados como Yucatán, Campeche y Quintana Roo, por donde atraviesa el Tren Maya, han manifestado su inconformidad por la falta de consultas adecuadas sobre el impacto medioambiental y social. En el caso de la refinería Dos Bocas, el gobierno de Tabasco ha apoyado el proyecto, pero otros gobernadores de la oposición, como los de Guanajuato y Nuevo León, han expresado preocupación sobre el enfoque prioritario a ciertos estados mientras otras entidades federativas requieren inversión en infraestructura.
Además, la seguridad sigue siendo un tema de fricción. La creación de la Guardia Nacional, bajo el control directo del Ejecutivo, y su despliegue en diversas regiones del país ha generado tensiones con gobernadores de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Chihuahua. Aunque la colaboración entre niveles de gobierno es esencial para combatir el crimen organizado, los gobernadores se han quejado de la falta de autonomía para manejar las políticas de seguridad en sus territorios. Esto plantea una pregunta crítica: ¿cuánta centralización es necesaria para garantizar la seguridad, y cuánta autonomía es esencial para que los estados puedan responder a las necesidades locales?
El contexto político actual también añade una capa de complejidad. En las elecciones recientes, la oposición logró victorias en estados clave como Coahuila, Durango, Aguascalientes y Chihuahua, creando un panorama más plural y competitivo. Este avance de partidos como el PAN y el PRI pone en tela de juicio la capacidad de la Presidencia para mantener un control hegemónico sobre el país y abre la puerta a nuevas formas de cooperación y conflicto entre los distintos niveles de gobierno.
En este juego de poder entre Presidencia y estados, la clave está en diseñar una colaboración constructiva que respete las particularidades de cada entidad federativa, pero que también mantenga un proyecto nacional sólido y cohesionado. El centralismo excesivo puede sofocar la innovación y el desarrollo local, mientras que una autonomía mal gestionada puede fragmentar la nación.
El futuro de México dependerá de cómo logremos equilibrar estas fuerzas opuestas, asegurando que el poder fluya de manera eficiente y equitativa, tanto desde el centro hacia los estados, como de los estados hacia el centro.
“Cuando las mujeres lideran, ganamos todos”