Para alcanzar una solidez en la economía mexicana, el principal reto es centrarse en el crecimiento económico, es decir, establecer medidas que impulsen las políticas públicas en generar riqueza para la mayoría de la sociedad.
Situación preocupante y, que, a pesar de las diversas opiniones de especialistas, organismos sociales, empresariales y en general de un alto porcentaje de ciudadanos y, ahora de los gobiernos Candiense y Estadounidense, se ponga en riesgo el futuro de las próximas generaciones, debido a las diversas propuestas legales del gobierno mexicano; las cuales no abonan a contar con un mejor desarrollo económico y en consecuencia social.
Situación que hace que se vislumbren diversos y graves riesgos, en el entorno internacional como en el nacional y, que el nuevo gobierno mexicano deberá de enfrentar en los próximos meses e incluso años; y no se trata de ser catastrofista, sino de mirar nuestro entorno y situarnos en la realidad que el gobierno de López Obrador desestima.
Pues ante la debilidad de las finanzas públicas, existe un déficit en el presente año del 6% del PIB, que no fue suficiente para reactivar la economía de manera significativa. Debido en buena parte, al creciente servicio de la deuda pública. “El bajo crecimiento de la economía mexicana se refleja en una débil creación de empleos y en caída en el ingreso real de las personas, en dificultad para reducir la inflación, así como en una baja recaudación fiscal”.
Por si no fuese suficiente, los mexicanos tenemos que convivir con el imparable poder de la delincuencia organizada en prácticamente todo el territorio y de su apoderamiento total en diversas entidades federativas, generando un elevado costo para los empresarios de todos los niveles, incluyendo a los ciudadanos.
Habrá que puntualizar y tener presente estimado lector, que las empresas, familiares, pequeñas, medianas o grandes, son las que crean los empleos y generan la riqueza (el crecimiento económico), situación que hace la diferencia para elevar el nivel de vida de los habitantes en cualquier país, no solo en México.
Los gobiernos no crean riqueza, solo transfieren los recursos que recaudan de un sector hacia otro. Sin embargo y como es el caso de México, el gobierno realiza inversiones no productivas, situación que reduce la riqueza (como ejemplo Pemex), siendo que la principal misión del gobierno es dotar de las obras públicas, e infraestructura y de los servicios a la sociedad.
A poco más de un mes de la conclusión del gobierno de AMLO, habrá que recordar que desde su campaña prometió crecer al doble la economía de nuestro país, que, el Producto Interno Bruto crecería en promedio 4% anual durante su sexenio y que en el último año llegaría al 6 por ciento. Lamentablemente, y con base en las métricas de diversos organismos nacionales e internacionales, el sexenio de López Obrador terminara con un crecimiento inferior al 1% anual.
La justificación del ejecutivo es que optó por la disciplina fiscal, sin embargo, su sexenio está concluyendo con el mayor incremento de la deuda pública neta en tres décadas; esa supuesta disciplina fiscal no se cumplió y tomo los fondos de los fideicomisos, cuyos saldos se construyeron durante años, con objetivos distintos. El pretexto para utilizarlos fue que eran un botín de corruptos, cosa que nunca fue probado a pesar de que se comprometió a mostrar evidencias”.
Lo verdaderamente correcto, - fue el incremento en los ingresos personales mediante la aplicación de programas sociales, un mayor esfuerzo recaudatorio y el aumento al salario mínimo-.
Pero septiembre, es determinante para el actual gobierno quien ha centrado todos sus esfuerzos en aprobar su denominada reforma judicial, la cual podría costarle a nuestro país, no sólo su independencia judicial, sino también comprometer su posición como la 12ava economía del mundo, trastocando la certidumbre jurídica.
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