Dos veces en una misma semana el fiscal Gilberto Higuera Bernal reconoció en público y confirmó como un problema fundamental para combatir el crimen y conseguir justicia en el estado por hechos delincuenciales la falta de peritos, agentes investigadores y ministerios públicos.
El martes en Tehuacán, durante una reunión que sostuvo con empresarios de la región, dijo que el personal es insuficiente para atender las Casas de Justicia en todo el estado, lo que ha sido principal motivo de queja de la ciudadanía por la lentitud y las irregularidades que se dan en los procesos.
Ayer en Puebla dio datos concretos.
Al año, expuso, más de 60 mil casos que llegan a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) son atendidos únicamente por 600 agentes investigadores y poco más de 300 peritos, lo cual representa un déficit de personal en la institución.
“Siempre somos pocos y siempre seremos pocos”, expresó en tono de sentencia y subrayó que por eso es importante la labor del Congreso del estado, ente público que cada año determina la cantidad de recursos con que contará la institución para contratar más personal.
Las declaraciones del fiscal, que poco o nada había hablado en el pasado al respecto de este tema, se da en una buena coyuntura política, cuando la aplastante mayoría de Morena y la 4T en el Poder Legislativo se apresta para tomar la sede del Congreso dentro de tres meses.
Si tan preocupados están, como dicen, por servir al pueblo, diputados locales electos como Guadalupe Vargas Vargas, Kathya Sánchez Rodríguez, Xel Arianna Hernández García, Andrés Villegas Mendoza, Nayeli Salvatori Bojalil, Roberto Zatarain Leal y Rosalio Zanatta Vidaurri, por citar solo algunos, deberían ponerse a armar un proyecto presupuestal que por fin dote de recursos suficientes a la Fiscalía, pero no para comodidad del titular, sino para beneficio de los miles de poblanos que todos los días demandan el esclarecimiento de los delitos que sufren y que casi nunca lo logran.
Gilberto Higuera hizo bien en levantar la voz.
Y lo hizo, hay que subrayarlo, como consecuencia de las quejas expresadas por empresarios de Tehuacán, asolados por la ola criminal que, por desgracia, no es exclusiva de ese municipio.
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Al interior del PAN crece la pugna pública por definir el método de selección de su próximo dirigente, quien relevará del cargo de la presidencia del Comité Directivo Estatal a Augusta Valentina Díaz de Rivera en noviembre próximo.
Rafael Micalco, Mónica Rodríguez y Guadalupe Leal se pronunciaron en contra de que la elección del relevo sea por votación del Consejo Estatal y afirmaron que tienen sospechas fundadas de que eso es lo que trama la actual presidenta con los dirigentes de los comités municipales.
Si se evita la consulta la militancia, sostiene Micalco, por ejemplo, el partido se quedará con menos simpatizantes que ahora.
“Sería un error garrafal y yo he sostenido que en el PAN no hemos tocado piso, y si optamos por esa opción, de que sea el Consejo quien decida al próximo presidente, nos vamos a ir más abajo porque la militancia nos va a mandar al diablo”, advirtió.
Y tiene razón, literal.
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Dicho y hecho.
El conflicto postelectoral de San Pedro Cholula ha tenido a las entonces principales candidatas a la presidencia municipal en un pleito mediático que las ha tenido en constante peloteo y cruce de acusaciones.
Si el miércoles fue Roxana Luna la que habló, ayer jueves tocó el turno a Tonantzin Fernández.
La presidenta municipal electa calificó como una “desinformación” las declaraciones hechas por Luna en el sentido de que Morena había impugnado el resultado de la elección del 2 de junio por considerar que enfrenta el riesgo de perder la plaza una vez que el conflicto llegue a los tribunales.
Si Fernández tiene la certeza del triunfo en la bolsa, donde ya tiene de hecho la constancia de mayoría y el documento que la acredita como edil electa, ya debería ignorar a su contrincante y mirar hacia la transición, en lugar de enfrascarse en una pelea estéril.
