Una investigación periodística publicada por El Sol de Puebla bajo la firma de Alba Espejel revela este día que al menos 29 magistrados de confianza y 150 juezas y jueces podrían ser afectados en caso de que se apruebe y se homologue a nivel local la Reforma al Poder Judicial planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Todavía no hay reforma federal y mecho menos una local, pero el texto aporta una valiosa previsión acerca de lo que podría ocurrir en el Poder Judicial del estado de Puebla en caso de que, como se pronostica sin mucha dificultad, la aplastante mayoría de Morena y la 4t en el Congreso de la Unión avale la propuesta emanada del mandatario.
Hay opiniones a favor y opiniones en contra, casi siempre influenciadas por motivaciones político partidistas, pero este trabajo presenta además el punto de vista de expertos que advierten el riesgo de elegir a los responsables de la impartición de justicia a partir de la popularidad y no de la experiencia y el conocimiento.
Hoy que Morena hará un foro de discusión y debate en torno a este tema, a través del diputado federal Ignacio Mier Velazco, en el Centro Expositor, valdría la pena que se ponga en la mesa ese que es uno de los principales puntos de cuestionamiento: ¿cómo se garantizará la capacidad de los futuros jueces y magistrados a partir de un método de selección popular, cuando la gran mayoría de los electores hace a un lado la reflexión y prioriza las emociones para emitir su apoyo?
La justificación social está del lado de Morena.
En efecto, en el Poder Judicial hay cánceres que deben terminarse, como los privilegios, la impunidad y la corrupción, pero hay puntos donde la iniciativa presidencial no parece ser la más razonable para lograr lo que se quiere: un país con acceso pronto y expedito a la justicia.
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Alejandro Armenta Mier ha anunciado la próxima creación dentro del gobierno del estado de una figura que todos los integrantes de la clase política se han adelantado a pronosticar, sin duda alguna, para quién será.
El gobernador electo confirmó ayer los planes que tiene para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública y dijo que su equipo jurídico está ultimando los detalles de la iniciativa que enviará al Congreso del estado una vez que rinda protesta.
Armenta Mier adelantó que tiene en mente realizar cuatro modificaciones a la estructura orgánica del gobierno, seis creaciones y dos fusiones, entre las que destaca la Jefatura de Gabinete.
De esta manera, la figura actual del Jefe de Oficina se convertirá en Jefatura de Gabinete y Oficina del Gobernador.
Inmediatamente después de difundirse la noticia hubo una especulación unánime: la nueva posición, trascendente para el futuro gobernador del estado, será para José Luis García Parra.
La previsión tiene toda la lógica y parece confirmar un rumor previo, que García Parra, pese a tener un sitio garantizado en el futuro Congreso, no rendirá protesta como diputado local, sino que atenderá los asuntos relevantes de Armenta desde el equipo de transición y esperará hasta diciembre para incorporarse a la administración estatal.
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Néstor Camarillo Medina ya podrá dormir tranquilo de nueva cuenta.
Pero no porque traiga en la bolsa un plan para resucitar al PRI y devolverle algún nivel de competitividad para la próxima contienda electoral, sino por el fallo de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le dio la razón para mantenerlo como senador electo por el principio de primera minoría.
En la sesión del lunes, la autoridad resolvió las impugnaciones identificadas con los expedientes SCM-JDC-1641/2024 y SCM-JIIN-189/2024 promovidas en contra de la senaduría que obtuvo el dirigente estatal del PRI, tras registrarse como cuota indígena en el pasado proceso electoral del 2 de junio.
Ninguna prosperó.
Camarillo irá al Senado… y seguramente dejará la dirigencia tricolor.
