Omar Muñoz Alfaro, presidente municipal electo de Cuautlancingo, debe poner mucha atención en la denuncia que este domingo realizaron los integrantes de una de las planillas que compiten por la administración del Comité de Agua Potable de Sanctorum, una comunidad de esa demarcación limítrofe con la ciudad de Puebla.
Los denunciantes ofrecieron detalles importantes para exhibir la manera de conducirse (política y económicamente) de Filomeno Sarmiento Torres, el presidente municipal saliente que perdió la pasada contienda electoral y que no podrá repetir en el cargo (como ansiaba) por un periodo más.
A decir de José Luis Zárate Chavarría y otros habitantes de aquella comunidad, Filomeno Sarmiento tiene intereses económicos en la administración del agua potable y por eso intenta quedarse con el comité que se hará cargo de ella a través de sus incondicionales.
Sanctorum registra un proceso de renovación del comité que ha sido manipulado por el alcalde en funciones, debido a que desea mantener el control de la expedición de permisos para los nuevos fraccionamientos, un beneficio muy redituable en términos económicos.
Los quejosos ofrecieron líneas de investigación que Muñoz Alfaro, edil electo de Morena, puede seguir para verificar la autenticidad de las acusaciones.
Benito Flores y Sergio Mendieta, candidatos de las planillas Triángulo Dorado y Círculo Morado, respectivamente, son los esquiroles que el casi ex alcalde del PAN utiliza para conservar el control del agua y mantenerse como beneficiario de los dividendos monetarios que ello genera.
Valdría la pena, para ese “pueblo” de Cuautlancingo que supuestamente es una prioridad para los gobernantes de Morena, que el alcalde electo aproveche esa investidura que ya tiene para terminar con este abuso.
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Quienes pensaron que incluir el tema de la concesión del agua potable para hablar de su eventual anulación en la agenda política de Morena había sido un mero artilugio electoral, podrían haberse equivocado.
Después de concluidas las campañas y conocido el resultado electoral, el gobernador electo Alejandro Armenta Mier no ha dejado de abordar ese asunto en público, lo que otorga esperanzas a los poblanos que desean la reversión o anulación del contrato que los diputados locales (por órdenes del fallecido Rafael Moreno Valle) dieron en 2013 a la empresa Concesiones Integrales.
En su comunicado más reciente, Armenta informó de los avances que lleva el proceso de transición y de los temas que han sido motivo de revisión con funcionarios del gobierno de Sergio Salomón Céspedes.
En el texto, el equipo de comunicación del mandatario electo afirma que se han abordado “temas cruciales”, especialmente, subraya, el de “la concesión de Agua de Puebla.”
No hay lugar a más interpretaciones.
Alejandro Armenta tiene entre sus prioridades revisar ese espinoso y muy sensible asunto, que, como ahora se ve, no fue metido en la agenda electoral del entonces candidato solo con el objeto de atraer simpatizantes y votos.
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Ayer se resolvió el último episodio que quedaba como pendiente de la contienda electoral en el equipo del presidente municipal electo de Puebla, José Chedraui Budib.
El Tribunal Electoral del Estado (TEEP) falló a favor del otrora candidato de Morena en la denuncia que presentaron en su contra PAN y PRI por la presunta comisión de actos anticipados de campaña.
En la exposición de los dos casos, uno derivado de la denuncia del blanquiazul y otro de la del tricolor, identificados con los expedientes de número TEEP-AE-064/2024 y TEEP-AE-065 /2024, los magistrados expusieron que José Chedraui no incurrió en actos anticipados de campaña porque no hizo un llamado concreto a los ciudadanos para votar por él, en los dos hechos que se le acusó.
Hasta donde se sabe, ni PAN ni PRI tienen la intención de impugnar el fallo ante los tribunales federales.
