/ jueves 1 de agosto de 2024

En Punto

En tiempos de transición entre los gobiernos de Sergio Salomón Céspedes y Alejandro Armenta Mier se resolverá una revisión contractual que involucra a la empresa privada más importante del estado, Volkswagen, y que supone un gran reto tanto para los directivos como para los empleados, quienes tratarán de encontrar un punto medio que perjudique lo menos posible la productividad futura de la compañía y, también, por supuesto, la estabilidad de los empleos que hoy genera para los poblanos.

Los directivos de la planta armadora asentada en territorio estatal entregaron a los integrantes de la comisión revisora sus propuestas de modificación para 40 de las 86 cláusulas que contiene el contrato colectivo de trabajo.

Muchas de ellas, como hoy revela El Sol de Puebla en una investigación que lleva la firma del reportero Javier Zambrano, parecen atentar contra beneficios logrados en el pasado por la base trabajadora, como recortes económicos, eliminación de prestaciones y nuevas reglas de contratación de personal que, con intención o no, merman el poder del sindicato.

Se sabe que las condiciones económicas del mundo globalizado exigen a las empresas multinacionales, como Volkswagen, eficientar el uso de sus recursos económicos y reducir gastos para seguir vigentes. De hecho esta no es la primera vez que la firma alemana pretende quitar de manera drástica algunos de los beneficios que otorga a sus empleados, pero la naturaleza del sindicato y la exigencia de sus agremiados tendrá que ir en sentido contrario, para tratar de defender sus condiciones actuales y salir solo medianamente lastimados.

Se tratará de una revisión contractual histórica y compleja que se realizará además en medio de una transición gubernamental, que, vistas las condiciones políticas del estado, tocará conducir desde la parte pública al gobernador en funciones, Sergio Salomón Céspedes, y al gobernador electo, Alejandro Armenta Mier.

Preparémonos pues.

Y que resulte lo mejor posible.

* * *

Ayer quedó claro que no todos los integrantes del consejo general del Instituto Electoral del Estado (IEE) sabían de la aparente transferencia de votos que le sería obsequiada a los partidos Fuerza por México y Nueva Alianza en los cómputos finales de la contienda del 2 de junio.

Durante una sesión ordinaria celebrada este miércoles de manera pública, las consejeras Evangelina Mendoza Corona y Sofía Martínez Gorbea pidieron que se emprenda una investigación para aclarar el traspaso de sufragios de Morena a esos dos institutos políticos.

Ambas funcionarias electorales manifestaron su preocupación sobre la supuesta manipulación de votos.

Mendoza Corona solicitó a la Secretaría Ejecutiva del organismo electoral un informe de la actuación y resultados del Consejo Municipal de Puebla durante el conteo de votos y la emisión de actas de escrutinio en la pasada elección.

Martínez Gorbea, por su parte, solicitó a los mismos organismos internos revisar si existió alguna negligencia o falta del personal adscrito, con el objetivo de tomar las acciones pertinentes.

Lo raro fue que la presidenta del organismo, Blanca Cruz García, evitó pronunciarse sobre el tema e ignoró la solicitud de sus pares para emprender una indagatoria al respecto.

Eso despertó sospechas. Al no fijar una postura, pareció que la presidenta del IEE estaba enterada de que se emprendería una maniobra poselectoral para resucitar a Fuerza por México, y que prefirió no meterse en complicaciones ante la insistencia de las consejeras.

Lo peor fue que los otros cuatro consejeros, Arturo Baltazar Trujano, Miguel Bonilla Zarrazaga, Susana Rivas Vera y Juan Carlos Rodríguez no pudieron intervenir satisfactoriamente para tratar de salvar la reputación del instituto para el que trabajan.

* * *

Quien se salvó de recibir un castigo por aquella expresión de “morenacos” utilizada en campaña fue Eduardo Rivera Pérez.

El excandidato del frente opositor no violó la norma electoral al utilizar ese adjetivo, según determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al resolver el juicio de inconformidad que presentó el partido Morena.

Así se dio carpetazo al asunto.

En tiempos de transición entre los gobiernos de Sergio Salomón Céspedes y Alejandro Armenta Mier se resolverá una revisión contractual que involucra a la empresa privada más importante del estado, Volkswagen, y que supone un gran reto tanto para los directivos como para los empleados, quienes tratarán de encontrar un punto medio que perjudique lo menos posible la productividad futura de la compañía y, también, por supuesto, la estabilidad de los empleos que hoy genera para los poblanos.

Los directivos de la planta armadora asentada en territorio estatal entregaron a los integrantes de la comisión revisora sus propuestas de modificación para 40 de las 86 cláusulas que contiene el contrato colectivo de trabajo.

Muchas de ellas, como hoy revela El Sol de Puebla en una investigación que lleva la firma del reportero Javier Zambrano, parecen atentar contra beneficios logrados en el pasado por la base trabajadora, como recortes económicos, eliminación de prestaciones y nuevas reglas de contratación de personal que, con intención o no, merman el poder del sindicato.

Se sabe que las condiciones económicas del mundo globalizado exigen a las empresas multinacionales, como Volkswagen, eficientar el uso de sus recursos económicos y reducir gastos para seguir vigentes. De hecho esta no es la primera vez que la firma alemana pretende quitar de manera drástica algunos de los beneficios que otorga a sus empleados, pero la naturaleza del sindicato y la exigencia de sus agremiados tendrá que ir en sentido contrario, para tratar de defender sus condiciones actuales y salir solo medianamente lastimados.

Se tratará de una revisión contractual histórica y compleja que se realizará además en medio de una transición gubernamental, que, vistas las condiciones políticas del estado, tocará conducir desde la parte pública al gobernador en funciones, Sergio Salomón Céspedes, y al gobernador electo, Alejandro Armenta Mier.

Preparémonos pues.

Y que resulte lo mejor posible.

* * *

Ayer quedó claro que no todos los integrantes del consejo general del Instituto Electoral del Estado (IEE) sabían de la aparente transferencia de votos que le sería obsequiada a los partidos Fuerza por México y Nueva Alianza en los cómputos finales de la contienda del 2 de junio.

Durante una sesión ordinaria celebrada este miércoles de manera pública, las consejeras Evangelina Mendoza Corona y Sofía Martínez Gorbea pidieron que se emprenda una investigación para aclarar el traspaso de sufragios de Morena a esos dos institutos políticos.

Ambas funcionarias electorales manifestaron su preocupación sobre la supuesta manipulación de votos.

Mendoza Corona solicitó a la Secretaría Ejecutiva del organismo electoral un informe de la actuación y resultados del Consejo Municipal de Puebla durante el conteo de votos y la emisión de actas de escrutinio en la pasada elección.

Martínez Gorbea, por su parte, solicitó a los mismos organismos internos revisar si existió alguna negligencia o falta del personal adscrito, con el objetivo de tomar las acciones pertinentes.

Lo raro fue que la presidenta del organismo, Blanca Cruz García, evitó pronunciarse sobre el tema e ignoró la solicitud de sus pares para emprender una indagatoria al respecto.

Eso despertó sospechas. Al no fijar una postura, pareció que la presidenta del IEE estaba enterada de que se emprendería una maniobra poselectoral para resucitar a Fuerza por México, y que prefirió no meterse en complicaciones ante la insistencia de las consejeras.

Lo peor fue que los otros cuatro consejeros, Arturo Baltazar Trujano, Miguel Bonilla Zarrazaga, Susana Rivas Vera y Juan Carlos Rodríguez no pudieron intervenir satisfactoriamente para tratar de salvar la reputación del instituto para el que trabajan.

* * *

Quien se salvó de recibir un castigo por aquella expresión de “morenacos” utilizada en campaña fue Eduardo Rivera Pérez.

El excandidato del frente opositor no violó la norma electoral al utilizar ese adjetivo, según determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al resolver el juicio de inconformidad que presentó el partido Morena.

Así se dio carpetazo al asunto.

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