El presidente Andrés Manuel López Obrador no suelta el tema Mario Marín.
Y es que, como ya se lo habíamos dicho, le sirve de ejemplo para generalizar una percepción sobre “la corrupción” dentro del Poder Judicial y encaja muy bien en su discurso para impulsar su controversial reforma.
Ayer, en la conferencia de prensa mañanera, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, dio los nombres de las de las juezas de distrito que favorecieron al exgobernador poblano.
En la sección “Jueces que favorecen a presuntos delincuentes”, Rodríguez Bucio señaló a Elsa Patricia Espinosa Salas y Angélica Ortuño Suárez de proteger al priista.
Explicó que Espinoza Salas otorgó un amparo para dejar sin efecto la resolución que declaró infundada la petición de modificar o sustituir la prisión preventiva impuesta, así como su continuidad y ejecución.
De ahí pasó lo que ya sabemos, Ortuño Suárez entró en escena y ordenó la inmediata libertad del exgobernador poblano.
Sin duda, el tema seguirá dando a nivel nacional. Así llueva, truene o relampaguee, Obrador tiene un plan y hará que cumpla pese a quien sea. Ni el paro de labores nacional en el Poder Judicial hará que reconsidere, ya lo dijo y hasta en todo de burla: “Yo les diría con toda franqueza que hasta nos va a ayudar; si no están los jueces activos, por lo menos no van a dejar libres a delincuentes”.
Ya veremos.
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El retraso en la basificación de 3 mil 600 trabajadores de la salud en Puebla es un duro recordatorio de la falta de planeación en la implementación del nuevo esquema de salud del gobierno federal. Estos empleados, quienes finalizarán el año en una situación de incertidumbre laboral, sin seguro social ni un contrato que avale su trabajo, son víctimas de lo que aparenta ser una improvisación. La ironía es evidente: se trata de personal de salud que no cuenta con la seguridad social que se les exige garantizar para el resto de la población.
El coordinador del IMSS-Bienestar, Gerónimo Lara, confirmó que la segunda etapa de basificación se pospone hasta el primer trimestre del próximo año, supeditada al ejercicio fiscal 2025. Mientras tanto, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aunque ha presionado para que este proceso se concrete antes de finalizar el año, se enfrenta a la realidad de que las decisiones económicas federales dictan el ritmo.
Si el gobierno federal hubiera planificado adecuadamente la transición hacia el modelo de IMSS-Bienestar, lo mínimo que debió considerar, son las bases laborales para quienes sostienen el sistema.
Es paradójico que, en un momento donde se presume un avance hacia un sistema de salud comparable al de Dinamarca, los trabajadores que deberían ser los pilares de esta transformación sean relegados a un segundo plano, sin las garantías mínimas.
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Adriana Dávila Fernández, aspirante a la Dirigencia Nacional del PAN, regresa a Puebla esta semana para fortalecer su candidatura, con una serie de encuentros programados con medios de comunicación y militancia entre jueves y sábado. Su visita coincide con la presentación de su carta de intención, paso clave para acceder a la lista nominal preliminar que le permitirá recolectar las firmas necesarias.
Puebla es uno de los estados de mayor interés para Dávila, junto con Jalisco, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México, dada su importancia estratégica en la estructura interna del PAN.
En declaraciones previas a El Sol de Puebla, Dávila fue crítica de las coaliciones con los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática así como de la salida de Francisco Fraile García.
