En medio del dolor y la incertidumbre que enfrentan las familias de personas desaparecidas en Puebla, la reciente presentación de la iniciativa de Ley de Declaratoria Especial de Ausencia por Desaparición de Personas ofrece una luz de esperanza.

Esta propuesta, largamente anhelada y promovida incansablemente por el colectivo Voz de los Desaparecidos, busca otorgar a las familias la certeza jurídica que tanto necesitan para salvaguardar los derechos e intereses de sus seres queridos.

La importancia de esta ley radica en que, dentro de la tragedia, permite a las familias mantener la personalidad jurídica de la persona desaparecida, garantizando así la continuidad de sus derechos. Esta medida no solo es fundamental para proteger los bienes e intereses de la persona desaparecida, sino también para ofrecer un mínimo de seguridad a sus familiares en medio de un proceso tan doloroso.

El compromiso expresado por Edgar Garmendia, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, de llevar esta iniciativa a discusión y posible aprobación en la próxima sesión extraordinaria, es una promesa que llena de esperanza a muchas familias. No obstante, queda en manos de los diputados locales cumplir con su responsabilidad y aprobar esta ley antes del 15 de septiembre, como lo exigen tanto la urgencia de la situación como la dignidad de las personas afectadas.

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Las recientes declaraciones de Belinda Aguilar Díaz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, han generado incomodidad entre los trabajadores del Poder Judicial Federal en Puebla, quienes consideran que habló más como una militante de Morena que como una representante de uno de los tres poderes del estado.

Su respaldo a la Reforma al Poder Judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido percibido como un alineamiento político, más que como una postura crítica e independiente.

Causa sorpresa que una figura de su envergadura no haya cuidado su investidura, adoptando una posición que parece responder más a intereses partidistas que a una reflexión objetiva sobre las implicaciones de la reforma.

El respaldo casi automático de Aguilar Díaz a una reforma que aún no ha sido discutida ni en Cámara de Diputados, ni en el Congreso local, y que ha sido ampliamente rechazada por muchos dentro del Poder Judicial, resulta preocupante. Como bien señalaron los trabajadores y académicos, este tipo de actitudes no solo desvirtúan la independencia del Poder Judicial, sino que también ponen en entredicho la verdadera motivación detrás de su apoyo.

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Las aguas en el Partido Acción Nacional se siguen moviendo. En el camino hacia la renovación de la dirigencia nacional no hay tiempo que perder y eso lo sabe muy bien Adriana Dávila Fernández.

La aspirante está de visita en Puebla en busca del apoyo de militantes azules para recabar 5 mil firmas, de las 30 mil que necesita para oficializar su candidatura.

Adriana Dávila Fernández es una exreportera originaria del vecino estado de Tlaxcala, que, por la cercanía, no es ajena a los movimientos que aquí hacen sus compañeros de partido para llegar también a la dirigencia, pero estatal.

Tan es así, que su discurso lo enfocó en pedir que el método de renovación local sea mediante una elección directa de su militancia para “empezar a quitarse los apellidos y apostarle a los panistas”.

¿A qué apellidos se referirá? Hasta hace seis años le cabría el saco a los Morenovalle, ahora a los Rivera y quizá a alguno que otro por ahí.

Ojalá que los locales escuchen el llamado y actúen en consecuencia, pues lo que menos necesita la principal fuerza política de oposición en el estado son pleitos internos y divisiones, sino pensar ya en el 2027 y cómo le harán para restar la hegemonía apabullante de Morena.

Ese es el objetivo y propósito, cualquiera que llegue a las dirigencias nacional y estatal, solo debe enfocarse en eso y nada más, si no quieren seguir diluyéndose.