Tal cual se informó ayer en esta columna, el presidente municipal electo de Puebla iba a dejar pasar el anuncio de los futuros nombramientos de Alejandro Armenta Mier para proceder a hacer lo propio.
Ayer José Chedraui Budib reveló a través de sus redes sociales que Fernando Rosales Solís, un personaje del pasado morenovallista, asumirá la Secretaría de Seguridad Pública una vez que arranque su administración, prácticamente dentro de 45 días.
Chedraui lo hizo público horas después de haber llevado a su próximo colaborador ante Omar García Harfuch, quien será secretario de Seguridad en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y ante el gobernador electo Alejandro Armenta Mier.
Así, Chedraui Budib cumplió con la cortesía de presentar a una pieza que será importantísima en una de las áreas más sensibles de la administración pública en la actualidad, en el contexto de la expansión de la delincuencia y el crimen organizado, y mandó un mensaje de respeto a sus “superiores políticos”.
Uno de ellos, la presidenta electa Sheinbaum Pardo, y el otro el mandatario electo Armenta Mier.
Rosales Solís es un notario público –recibió la patente gracias a Rafael Moreno Valle– con amplia experiencia en el combate a los criminales.
Fue secretario de seguridad durante los 10 días que duró el gobierno de Martha Erika Alonso y desde entonces no había retornado al servicio público.
Más allá de la etiqueta política, lo cual no debe interesar más que como antecedente, esperamos y deseamos que Rosales Solís esté a la altura de lo que demanda –y con urgencia– el municipio de Puebla.
Un dato curioso es que José Chedraui Budib comenzó los destapes al revés que Alejandro Armenta.
A diferencia del edil, el gobernador electo ha dejado para el final el anuncio acerca de quién se ocupará de la seguridad pública en la administración estatal.
Son estilos distintos y nada más.
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Todos los involucrados en las protestas se preguntan qué papel pretenden desempeñar María Belinda Aguilar Díaz y José Eduardo Hernández Sánchez en la crisis que enfrentan los integrantes actuales del Poder Judicial –el federal y el estatal– de cara a la reforma que ha comenzado a cocinarse en el Congreso de la Unión esta misma semana.
La primera es presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado y el segundo es presidente del Consejo de la Judicatura. Ambos se han mantenido al margen del rechazo expresado en las calles por trabajadores de ese Poder, así como profesionales y estudiantes del Derecho en las últimas semanas.
Es cierto que la reforma afectará en una primera instancia solo a los integrantes del Poder Judicial federal, pero luego, no mucho tiempo después, vendrá también el impacto a los poderes locales, entre ellos el de Puebla.
Tanto Belinda Aguilar como José Eduardo Hernández se han mantenido al margen de las protestas, como si no representaran a un nutrido grupo de trabajadores que padecerá las consecuencias de esa reforma.
La presidenta del TSJ dijo hace unos días que nada se puede hacer en contra de la reforma y que solo habrá que esperar su concreción para llevarla a cabo.
Eso es cierto.
Ante la aplanadora morenista en el Congreso de la Unión nada se podrá hacer.
Pero para el registro histórico quedará el papel asumido por los representantes de ese Poder en cada una de las entidades del país, y el de Aguilar Díaz y Hernández Sánchez será, por decir lo menos, muy vergonzoso.
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Alejandro Armenta Mier no asistirá a todos los puntos de la gira por Europa que encabeza el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, acompañado de José Chedraui Budib y un grupo de 15 empresarios liderado por Héctor Sánchez Morales.
El gobernador electo estará con ellos en Alemania, del miércoles 4 al viernes 6 de septiembre, pero ya no asistirá a España, el segundo destino de la visita. En su oficina se comenta que el sábado 7 partirá con rumbo a Estados Unidos, donde tiene agendados otros compromisos de trabajo.
