La bancada es famélica, de apenas cinco integrantes, pero lo que ha ocurrido entre los diputados panistas apostados en el Congreso del estado esta semana debe prender las alertas entre aquellos liderazgos que quieren hacerse de la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN sin pertenecer al grupo político del ex presidente municipal Eduardo Rivera Pérez.
El PAN presentó ayer a quienes serán su coordinador y su vicecoordinadora de bancada en la LXII legislatura local que recién ha comenzado. Y aunque son pocos sus integrantes, apenas cinco diputados, el hecho puede servir para anticipar aquello que ocurrirá en ese partido en el mes de diciembre, cuando se concrete la renovación de dirigencia y el relevo de Augusta Valentina Díaz de Rivera.
Marcos Castro Martínez fue designado coordinador, mientras que Celia Bonaga Ruiz fue nombrada vicecoordinadora.
Los dos son leales a los intereses de Eduardo Rivera, le deben la diputación a él, y se quedaron con las dos posiciones, sin preocuparse al menos por obsequiarle la representación de segundo nivel a uno de los otros tres legisladores: Susana del Carmen Riestra Piña, Luana Armida Amador Vallejo y Rafael Alejandro Micalco Méndez.
Rivera Pérez quiere quedarse con el control total y eso significa que hará uso de sus relaciones y sus influencias, como lo ha venido haciendo ya, para lograr que el partido defina que sean los integrantes del Consejo Estatal, y no todos los militantes, quienes elijan al nuevo dirigente, alguien como, por ejemplo, Adán Domínguez Sánchez.
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Este 19 de septiembre se cumplen siete años desde que un sismo de 7.1 grados azotó el estado y con ello se registraron afectaciones irreparables en uno de los hospitales más importantes de Puebla: el IMSS de San Alejandro. Desde el 2017 no se ha recuperado y su falta provocó el hacinamiento en otro nosocomio, el de la Margarita, así como el cierre de cientos de decenas de negocios de la zona.
Ha transcurrido la administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador y la obra de reconstrucción permanece inconclusa, por lo que este inmueble, necesidad de miles de poblanos derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, representará un emblema de las promesas fallidas del mandatario morenista.
El hacinamiento de los pacientes, el desabasto de medicamentos y la postergación de atención médica especializada son problemas característicos del sistema de salud IMSS-Bienestar, del de Puebla y el resto del país, pero ni así hubo preocupación real por parte del presidente y sus colaboradores para entregar a tiempo este nosocomio.
¿A quién le importó?
A nadie.
O bueno, sí, a los derechohabientes que padecen en carne propia estas deficiencias.
Pero como su inconformidad no representaba un riesgo importante para resentirse en las urnas, en contra de los candidatos del partido en el poder, no hubo prisa por terminar la obra.
El sexenio agoniza y tendrá que ser la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, la que inaugure el nuevo San Alejandro, aunque quién sabe cuándo será.
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Han tenido que ser las diputadas federales del PRI quienes levanten la voz para denunciar los hechos criminales que ocurren de manera regular en la autopista México-Puebla, no solo en contra de conductores de transporte de carga, sino también en contra de automovilistas particulares que muchas veces viajan con familiares y amigos.
Después de que fuera la entonces legisladora Blanca Alcalá Ruiz quien expusiera públicamente lo que le ocurrió a ella, ahora fue Xitlalic Ceja García quien exigió al gobierno federal y a las administraciones estatales de Puebla y México prevenir los robos, las extorsiones y los asesinatos que se cometen en la carretera de cuota.
La legisladora poblana propuso un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para actuar de forma urgente y efectiva.
¿Y los legisladores morenistas? Ellos juran, como su gurú Andrés Manuel López Obrador, que todo lo que se diga de inseguridad es vil propaganda de los opositores.
