Los fantasmas del pasado vuelven a tocar la puerta de Manuel Bartlett Díaz, quien está a solo unos días de dejar la dirección general de la Comisión Federal de Electricidad y encaminarse, según ha trascendido en los medios de comunicación de la capital del país, al retiro dorado en su amada París.

Ayer trascendió el contenido de un documento recién desclasificado por el gobierno de Estados Unidos en el que se le implica en las investigaciones que se hicieron sobre el asesinato del agente encubierto de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena Salazar, ocurrido el 9 de febrero de 1985.

Según esto, las indagatorias del gobierno estadounidense pusieron al también exgobernador poblano en calidad de sospechoso, por probablemente haber colaborado con narcotraficantes de entonces en el homicidio del integrante de la agencia especial antidrogas del país norteamericano.

El texto del documento no es contundente en su afirmación, de hecho no acusa, sino que expone que se sospechaba de acciones de protección realizadas por el gobierno de México que “quizás alcanzaron al secretario de gobernación, Manuel Bartlett Díaz”, pero no necesitaba serlo para venir a estropear el festejo del fin de sexenio del político que gobernó al estado de Puebla en el periodo 1993-1999.

El caso Camarena ha rondado siempre en la atmósfera de Bartlett Díaz, y retornó para volverlo a hacer a unos días de emprender el retiro soñado, que, hay que decirlo, tampoco estropeará esos planes que ya tiene trazados y que acordó previamente con su jefe el presidente López Obrador.

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Los descalabros políticos (y financieros) para el panismo del estado no concluyeron el día de la elección, el pasado 2 de junio, sino que siguen extendiéndose incluso en la fase cercana al traspaso de poderes en el estado.

La Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó al PAN de Puebla con una multa de 7.5 millones de pesos por la presunta comisión de varias deficiencias en los procesos de fiscalización de la campaña electoral.

Para Augusta Valentina Díaz de Rivera, presidenta del Comité Directivo Estatal del partido, ese hecho solo puede explicarse como la complicidad de Morena con los magistrados electorales debido al daño económico que esa medida le representará al partido blanquiazul.

En el escenario que se avecina, donde Morena tendrá el poder de las instituciones para hacer lo que convenga a sus intereses, la oposición requiere fortaleza, la cual se verá disminuida si no cuenta con todos sus recursos políticos y financieros disponibles para hacer las labores de contrapeso que se requieren, acusa Díaz de Rivera, por lo que asegura que el golpe viene del partido en el poder, en complicidad con el poder judicial electoral.

Eso es muy posible.

Tal vez los magistrados federales quieren caerle bien a los nuevos dueños del poder político para mantenerse en su puesto una vez que se realice el relevo mandatado en la reforma judicial.

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María Belinda Aguilar Díaz sigue perfeccionando el complejo arte de ignorar las preguntas de los reporteros, con todo y que por ser presidenta del Tribunal Superior de Justicia esté obligada a emitir un posicionamiento claro y comprensible en torno a la reforma del poder judicial, que tarde o temprano –en un plazo no mayor a seis meses– aterrizará en el estado de Puebla. Obligada por lo menos en términos morales.

La representante del Poder Judicial del estado de Puebla volvió a evadir a los representantes de los medios esta semana, cuando tuvo que salir a la calle para participar en la colocación del bando solemne como parte de los rituales político-jurídicos que se hacen en los periodos de transición.

En dos ocasiones la magistrada fue abordada por los reporteros, quienes trataron de conocer su postura en torno a ese hecho. Y en ambas fracasaron.