La presunta ilegal transferencia de votos de Morena a los partidos Fuerza por México y Nueva Alianza volvió a ser tema de discusión en una sesión ordinaria del consejo general del Instituto Electoral del Estado, donde de nueva cuenta quedó exhibido el nulo interés de la consejera presidenta, Blanca Cruz García, por esclarecer los hechos.

Óscar Pérez Córdoba, representante del PAN, aseguró contar con pruebas de la transferencia de 27 mil 628 votos en un total de 179 casillas ubicadas en siete distritos locales. Detalló que, según su material, a FxM “le sumaron” 26 mil 609 votos y a Nueva Alianza mil 019 votos.

“Hoy puedo decirles que ya tengo las pruebas, se las he expuesto a los consejeros, en pláticas privadas les hice ver que esto es un fraude electoral, espero que no sean cómplices de esto (…) En Puebla, yo creo que todavía prevalece un instituto autónomo”, lanzó.

Que un representante del partido blanquiazul insista en la existencia de fraude no es nota, pero sí lo es que uno de los consejeros haya admitido que hubo anomalías.

El consejero Arturo Baltazar Trujano reconoció que existieron anomalías en los votos de Fuerza por México y Nueva Alianza, sin embargo, deslindó al organismo electoral de toda responsabilidad para investigar, al señalar esa tarea le compete ahora a los magistrados federales.

“Efectivamente nos presentó un acta con inconsistencias, si él tiene en su poder las actas en donde queda demostrado que la votación es diferente a las del PREP y comprueba sus dichos, debe recurrir a la Sala Regional”, apuntó.

Los panistas ya lo hicieron, ya fueron a la sala regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para tratar de echar abajo la contienda del municipio de Puebla.

Aunque la respuesta de Baltazar Trujano no fue la que quería escuchar la representación del PAN ante el consejo general, fue mucho mejor que la de la presidenta Cruz García, que no dijo nada.

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¿De verdad los candidatos ganadores de la pasada elección, que prometieron revisar la concesión del agua a una empresa particular para revertirla, pretenden cumplir ese compromiso una vez que han arribado al poder?

Eso parece ocurrir a partir de lo que sucedió ayer en el Congreso del estado.

Por primera ocasión desde que Morena es mayoría en el Poder Legislativo local hace seis años, en el Congreso se presentó un punto de acuerdo para que Héctor Duran Díaz, director de Agua de Puebla para Todos, y Gustavo Gaytán Alcaraz, director del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), comparezcan ante los legisladores locales para presentar un informe detallado de la concesión.

La presentación de ese punto podría no tener ninguna relevancia debido a que se originó como iniciativa de la única diputada local representante del PRI, Delfina Pozos Vergara, pero podría subir de nivel de trascendencia si los legisladores de Morena y la 4T deciden utilizarlo como vía de cumplimiento a una de sus promesas de campaña.

Desde el candidato a gobernador Alejandro Armenta Mier hasta los 26 abanderados a legisladores de la extinta coalición Sigamos haciendo historia aseguraron ante los eventuales electores que revisarían la concesión para, eventualmente, echarla abajo.

Pozos Vergara abrió la puerta para arrancar ese proceso.

Llamar a cuentas a los primeros implicados en la concesión del agua puede ser un buen comienzo.

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“En el Tec de Monterrey reprobamos cualquier tipo de violencia y buscamos que todas y todos nuestros estudiantes se sientan seguros. Les invitamos a trabajar de manera conjunta y corresponsable hacia un cambio de cultura donde la violencia de género no sea vista como una normalidad sino como algo que evita el avance de nuestra sociedad”, responden los directivos del Tecnológico de Monterrey campus Puebla a las acusaciones sobre acoso y abuso sexual que algunas maestras y alumnas expresaron el miércoles pasado.

A través de un comunicado, la universidad llama a la comunidad estudiantil a denunciar a través de sus canales internos los casos de violencia de género.

El problema es ese, que ya se usaron los canales internos y no hubo respuesta satisfactoria a las denuncias. ¿Qué cambiará entonces?