El presidente Andrés Manuel López Obrador incumplió muchas de sus promesas de campaña. Injusto sería decir que ha sido el único que lo ha hecho. Desde que esta nación y este estado han tenido mandatarios constitucionalmente elegidos por la gente, todos, al final del periodo para el que fueron electos, terminaron quedándose cortos, muy cortos, entre lo que ofrecieron en campaña y concretaron después, en el ejercicio del gobierno.
Pero hoy toca hablar de López Obrador porque es él quien se va este lunes, en lo que será el último día de un sexenio que levantó enormes expectativas después de administraciones desastrosas (unas más que otras) emanadas del PRI, principalmente, y del PAN, que tuvo su oportunidad para corregir aquello que los tricolores hicieron mal, pero no pudo lograrlo.
Morena y López Obrador, o López Obrador y Morena, como usted prefiera, se vendieron como la “esperanza de México” y en realidad lo fueron durante seis años (lo siguen siendo aún, si nos atenemos a los resultados electorales del pasado 2 de junio), pero no cumplieron.
Lograron su permanencia y su continuidad en el poder, ahora a través de Claudia Sheinbaum Pardo, gracias más al estilo personal del presidente que a sus logros reales.
Pero volvamos al incumplimiento.
De entre todos los compromisos no concretados el que más resienten los mexicanos, y en concreto los poblanos, es el del combate a la inseguridad, a la delincuencia y al crimen organizado.
La estrategia que planteó el presidente que se marcha para disminuir al 50 por ciento la incidencia delictiva al término de su sexenio, en comparación con el 2018, fue inútil.
Este día El Sol de Puebla presenta una investigación realizada por la reportera Daniela Hernández que da cuenta de la gravedad del problema y del incremento exponencial que tuvieron los delitos en el estado de Puebla, entre 2018 y 2024.
Los homicidios dolosos, por ejemplo, subieron más del 100 por ciento.
El texto es muy recomendable hasta para los fanáticos del político tabasqueño, que todavía podrían abrirse un poco a la reflexión para ver, aunque les cueste, que el presidente de la autodenominada 4T no fue perfecto, como aseguran y defienden.
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A dos semanas de que concluya la administración municipal, la alcaldesa saliente de San Pedro Cholula, Paola Angón Silva, se encuentra metida en un nuevo conflicto político, pero ahora con el sindicato de trabajadores del ayuntamiento que encabeza, el cual, hay que subrayarlo, está afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
Tener que lidiar con una representación gremial adherida a la CTM ya conlleva un problema, que tiene que ver con las siempre cambiantes y convenencieras posturas de su líder estatal, el ex priista Leobardo Soto Martínez.
La falta de arreglo para aprobar el incremento salarial de los trabajadores cholultecas ha escalado más allá de las reuniones privadas que se han tenido en esa Comuna y amenaza con ser heredada al gobierno de la morenista Tonantzin Fernández Díaz, que rendirá protesta como presidenta municipal el 15 de octubre.
A la panista Paola Angón se le han cargado culpas por muchas cosas en San Pedro, entre ellas la derrota electoral del frente opositor en las votaciones del 2 de junio, pero no se le puede responsabilizar por sufrir los embates de Soto Martínez por no ceder a todas sus costosas demandas.
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Omar Álvarez Arronte y Juan Manuel Vega Rayet han conversado en privado acerca de la posibilidad de incrementar la tarifa del transporte público urbano de pasajeros antes de que termine el actual gobierno estatal, como piden los concesionarios.
El primero lo ha hecho en calidad de secretario de Movilidad y Transporte en funciones y el segundo como futuro subsecretario del Transporte.
El principal argumento a favor de los transportistas tiene que ver con que exactamente en octubre se cumplirán cinco años del último aumento aprobado y que en ese tiempo han subido de precio todos los insumos, sin importar que los concesionarios no hayan cumplido, ni de lejos, con la modernización prometida.
