Si conocen de la vergüenza, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, presidenta, e Israel Argüello Boy, deben estar pasando un mal rato, después de la resolución judicial que dio por buena la elección de Marco Valencia y Juan Lira como presidentes municipales de Venustiano Carranza y Chignahuapan, en ese orden.
Contrario a lo que había dictaminado el máximo órgano electoral del país, el tribunal poblano anuló en los últimos minutos del lunes 14 de octubre los resultados de las contiendas para esos dos ayuntamientos.
A menos de una hora del cambio de gobierno, el órgano electoral local, a través de una sesión pública, turnó la sentencia al Congreso de Puebla, que así definió un Concejo Municipal para cada demarcación y quitó de tajo a los ediles electos impugnados por qué partido cree usted, pues ni más ni menos que por Morena.
Ayer la historia volvió a dar un vuelco. La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia del TEEP y le puso una nueva exhibida en su intento por anular las elecciones, pues declaró como inválido el argumento de que estuvieron envueltas en actos de violencia.
“Esta sala ha establecido que en ninguna forma alguna es posible estimar que se generó una prueba de la vulnerabilidad de la cadena de custodios, pues para eso es necesario tener más elementos, lo que en caso no aconteció”, sostuvo Javier Ortiz, secretario de Estudio y Cuenta.
Los magistrados electorales señalaron que el actuar del tribunal local fue contrario a derecho, pues intentó echar abajo las elecciones sin un argumento ni elementos suficientes.
Coscorrón jurídico y político para Idamis Pastor Betancourt e Israel Argüello Boy, que no podrán borrar de su historia profesional este penoso acontecimiento.
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Norma Angélica Sandoval Sánchez fue consistente con su buena reputación.
A diferencia de Pastor y Argüello, esta magistrada, la tercera integrante del tribunal electoral del estado, votó en contra de anular las elecciones de Venustiano Carranza y Chignahuapan aquella noche previa al cambio de presidentes municipales.
Sandoval argumentó en esa sesión pública que votó en contra porque la decisión transgredió el código electoral del estado.
“Hoy la Sala Superior confirmó como definitiva e inatacable esas dos sentencias (…) no tenemos competencia, ya que estarían transgrediendo el artículo 373 del Código Electoral local en su inciso B, que establece que el tribunal debió haber resuelto 10 días antes de la toma de protesta los medios de impugnación”, expresó entonces.
Se mantuvo congruente incluso bajo el asedio de las presiones externas que pedían la anulación de las elecciones para darle gusto a Morena.
El tiempo le ha dado la razón.
Y no mucho después.
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Para entregar una acreditación que permita cubrir y participar de la comida tradicional del mole de caderas que se realizará este día en el Hotel Quinta Real, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), delegación de Puebla, condicionó a los reporteros de la fuente empresarial a cubrir una cuota de dos notas semanales publicadas en sus medios promoviendo el evento.
No es broma.
El ejecutor de la mezquindad atribuida a esta cámara fue un tal Alan Bermúdez, representante de la empresa Alquimia, una agencia contratada por Carlos Azomoza Alacio para llevar a cabo las tareas de comunicación.
Azomoza Alacio, presidente de Canirac, no tiene la obligación de repartir invitaciones gratuitas a nadie. Quien quiera ir y comer un buen plato de mole de caderas esta tarde en ese hotel del centro histórico que pague su entrada y que lo haga.
Pero, los medios, por su parte, tampoco están obligados a obsequiarle al “líder empresarial” espacios de promoción para sus actividades.
