El supuesto “hoyo financiero” heredado por los expresidentes municipales Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez a José Chedraui Budib se torna cada vez más preocupante y escandaloso. A decir del nuevo tesorero, Héctor Romay González Cobián, la falta de recursos públicos ha golpeado también una de las áreas más sensibles de cualquier gobierno en nuestro país: el de la seguridad pública.

Según Romay, esa escasez financiera ha impedido que el ayuntamiento de Puebla pague por la operación y mantenimiento de casi dos mil cámaras de seguridad instaladas en las calles y áreas públicas de la ciudad para combatir a la delincuencia.

Eso significa que, si de por sí los habitantes del municipio capital se sienten indefensos ante la comisión de delitos sufridos en carne propia, o frente a la posibilidad de ser blanco de la delincuencia, ahora estarán peor, una vez que sepan que esos artefactos colocados pomposamente en la vía pública, supuestamente conectados a un centro de control que se encuentra bajo vigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no sirven.

El 9 de septiembre, menos de dos meses antes de abandonar la presidencia municipal, Domínguez Sánchez inauguró las nuevas instalaciones de la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata (DERI), para las que se habían invertido 187 millones de pesos con el propósito de poner a la capital en vanguardia, con tecnología de última generación, para atender la inseguridad.

De acuerdo con el entonces edil, el DERI constaba de 928 puntos de vigilancia por medio de dos mil cámaras, contaba con 80 espacios para monitoristas de imagen, voz y datos, así como tres videomuros, que son 74 monitores instalados conjuntamente para mostrar contenidos digitales, con el fin de prevenir el robo a vehículos, comercio y transportes.

Sonó muy interesante, pero todas esas instalaciones parecen haberse transformado en elefantes blancos, al menos mientras no vuelva a haber dinero en las arcas municipales para ponerlas a funcionar.

Romay González Cobián explicó que las cámaras continuarán apagadas en lo que resta del año y agregó que no sabe cuándo estarán de nueva cuenta en operación.

Por el bien de los poblanos, valdría la pena que el actual edil eche mano de su red de amigos empresarios para que uno de ellos –experimentado en estos menesteres– pueda fiarle al ayuntamiento un par de meses.

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Hay un dato que la señora Gabriela Bonilla Parada, presidenta honoraria del DIF, omite en sus informes de actividades seguramente por prudencia.

Este tiene que ver con el Índice de Desempeño que utiliza el Sistema Nacional DIF para evaluar el trabajo de los Sistemas Estatales en los procesos de planeación y operación de los programas que forman parte de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario, como son el Programa de Alimentación Escolar, los Programas de Atención Alimentaria, el Programa de Salud y Bienestar Comunitario (PSBC), y el Programa de Atención a Grupos Prioritarios

(PAGUP).

Cuando la señora Bonilla tomó las riendas del DIF poblano en diciembre de 2022, Puebla ocupaba el lugar 31 de la tabla en ese índice, es decir, ¡el penúltimo del país!

Comprometida a mejorar en todos los aspectos y a salir de ese deshonroso sitio, un año después consiguió que el DIF de Puebla subiera a la posición 12.

Remontó 19 posiciones en 12 meses.

La presidenta en funciones cree que este año se ubicará todavía mejor, pero eso se sabrá formalmente hasta la segunda quincena de diciembre, cuando desde la capital del país se emitan los resultados del ciclo anual correspondiente al 2024.

Ese solo dato es elocuente para exaltar la labor realizada en Puebla.

Pero la señora Gabriela Bonilla, esposa del gobernador Sergio Salomón Céspedes, prefiere ocultarlo.

Sabe que, si lo presume, como merece, lastimará susceptibilidades de algunas titulares del pasado reciente, como Leonor Vargas Gallegos y, por supuesto, Rosario Orozco Caballero (viuda de Barbosa).

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Javier Sánchez Galicia, estratega en comunicación política e integrante del equipo de colaboradores del gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, ha editado y publicado un nuevo libro: “La guerra de los spots. Persuasión y desafección políticas en las elecciones en México”.

Para dar cuenta de lo que este trabajo aporta hay que ir al texto de presentación que hace la editorial Gedisa:

“El presente libro prosigue una larga investigación sobre las actitudes políticas y el comportamiento electoral, a partir del impacto que produce en los electores la exposición a los medios de comunicación y, en particular, los contenidos de los spot televisivos. El propósito es investigar la manera en que el modelo de comunicación política en México, cimentado en la spotización, satura el espectro radioeléctrico y televisivo. Esto con el fin de analizar cómo los contenidos (la mayoría con carga negativa) generan una serie de efectos en las audiencias, relacionados con la disminución de la confianza y el desinterés por la cosa pública (incluyendo los procesos de elección de autoridades).”

Interesante la nueva aportación editorial del consultor y muy probablemente futuro servidor público de la administración estatal.