En Punto

Muy mala experiencia pasaron los reporteros que la tarde del martes cubrieron el acto de toma de protesta de Víctor Manuel Sánchez Ruiz como integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Pero no vaya usted a pensar que por un asunto relacionado con el excontralor de Mario Marín Torres y su reticencia a hablar del pasado.

Sánchez Ruiz, muy amable, se negó a opinar sobre las críticas recibidas durante el proceso de selección por sus antecedentes en la administración del exgobernador priista. “No es tema para mi”, respondió, pero se mostró abierto para hablar de cualquier otra cosa vinculada con el presente, incluido su plan de trabajo en la nueva encomienda.

El episodio reprobable ocurrió con Rubén Alejandro Paredes Castañeda, quien es presidente de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.

Los reporteros intentaron hablar con él para preguntarle acerca de la labor que ha hecho el organismo, su plan de acción y temas relacionados con ello. No obstante, el personaje, que tendría que ser transparente por la supuesta representación ciudadana que ostenta, dijo que él no daba entrevistas, que más tarde emitiría un comunicado y que, si tenían dudas, podían presentar solicitudes de información al organismo.

Prepotente es un adjetivo menor para describir su actuación pública.

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El cambio de legislatura federal y el arribo de nuevos diputados poblanos a la cámara baja del Congreso de la Unión no significó una mejora para los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que el año que viene, 2025, tampoco verán materializada la construcción del hospital regional de Amozoc.

El gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo prevé presupuesto exclusivamente para la elaboración de estudios de viabilidad del nosocomio, casi 63 millones de pesos, pero ni un centavo para la anhelada edificación.

De acuerdo con el apartado de proyectos de inversión del IMSS, incluido en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, la construcción del nuevo centro de salud va a seguir postergándose, pese a que a mediados de 2019 se confirmó la viabilidad de poner en marcha la obra del nosocomio, para que, junto con el levantamiento del nuevo San Alejandro, ayudara a desahogar la demanda de los derechohabientes.

Pues eso no sucederá.

No al menos en 2025.

¿Dónde quedaron todas y todos los diputados federales morenistas que avasallaron en las elecciones del 2 de junio?

¿Corregirán el proyecto de egresos para destinar recursos económicos a la causa?

¿Se atreverán?

Por supuesto que no.

Y si a ellos no les importa ese tema, menos al ratificado director general del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto.

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Escuchadas las palabras del gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, vertidas este martes en su conferencia de prensa, puede anticiparse que la concesión del agua se mantendrá hasta el final del contrato signado por la administración del fallecido Rafael Moreno Valle Rosas, 2044.

Armenta reconoció que sus abogados le hablaron de las complejidades, principalmente económicas, que implica revertir la concesión, por lo que le aconsejaron valorar una tercera vía: quedarse con Agua de Puebla, pero, a cambio, exigirle a sus directivos la mejora del servicio.

Salvo que el próximo mandatario encuentre una alternativa no vista hasta el día de hoy por ningún especialista en Derecho, eso significa que habrá que hacerse a la idea de que nada podrá echar abajo la “privatización” de los servicios de agua potable y drenaje, pese a que, de la misma manera que lo fue en 2018 y en 2021, el tema ocupó parte de la agenda de campaña de los candidatos de Morena y la 4T hace apenas unos meses.

Pagar 7 mil millones de pesos por la eventual rescisión es inviable para cualquier gobierno. Así que a analizar dónde y cómo apretar tuercas para que, de verdad, mejore el servicio.