El amago de un sector de los concesionarios del transporte público para recibir la ansiada autorización por parte del gobierno del estado para el alza del pasaje fracasó. No solo no hubo paro de unidades, como se anunció, y si lo hubo fue imperceptible, sino que a la protesta programada para arrancar de la zona del Paseo Bravo al zócalo no llegaron ni 100 demandantes.

Eso derivó en la advertencia reiterada: En lo que queda de la administración estatal, que son apenas 10 días, no habrá aumento a la tarifa, debido, principalmente, a que persiste la deuda de los dueños de las concesiones y las unidades con los usuarios. La aseveración, dicha ya en el pasado, salió de Omar Álvarez Arronte, secretario saliente de Movilidad y Transporte.

“La posición del gobierno del estado es de no autorizar ningún incremento. No se justifica, estamos dentro de la media de la Megalópolis, y además tenemos una gran deuda con los ciudadanos”, lanzó el funcionario.

Usted se preguntará, y hará bien, pero qué tanto nivel tiene un integrante de gabinete que ya se va para ser así de tajante.

Si los dichos de Álvarez Arronte no pueden ser tomados en cuenta como un anuncio oficial que no va a tener marcha atrás, vayamos entonces a lo que expresó el mismísimo Alejandro Armenta Mier en otro punto de la ciudad.

El gobernador electo dijo que no cederá a las presiones de los concesionarios para aumentar el precio del pasaje sin antes revisar las condiciones en las que operan las unidades de transporte. Eso significa que la discusión en torno al hipotético incremento de la tarifa se retomará hasta la siguiente administración.

“Queremos trabajar con ellos, pero no nos vamos a arrodillar ante ninguna pretensión”, dijo el futuro mandatario, casi entrado en funciones.

Ya entrado, Armenta Mier tocó un añejo tema de corrupción ligado con el transporte público: el otorgamiento de concesiones a favor de servidores públicos en funciones:

“Una de las quejas es que hay muchos piratas (unidades), pero también sabemos que muchos de ellos son inducidos por los propios transportistas. Hay líderes que son los que tienen ese derecho, pero fueron funcionarios de gobierno. Entonces debemos tenerlo registrado porque eso podría incurrir en un delito, porque cuando fueron funcionarios se hicieron de concesiones, es muy grave el tema”.

Si le rasca una vez que asuma las riendas de la administración estatal, encontrará mucha porquería.

Y como bien lo dijo, se trata de un asunto grave.

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El senador Néstor Camarillo Medina dio una conferencia de prensa para criticar el tijeretazo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha decidido dar a gobiernos locales como el de Puebla, con la complacencia o complicidad de los legisladores representantes de la 4T.

El priista usó la información publicada previamente por este diario, que anticipa la reducción de por lo menos 11 mil millones de pesos debido a la extinción de devoluciones de impuestos generados en el estado, como el ISR.

El también dirigente estatal del PRI lamentó que la Federación pretenda recortar los recursos al territorio, pese a los buenos resultados que otorgó Morena junto con sus aliados del PT y PVEM en la pasada elección. La entidad aportó más de 2 millones de votos a la victoria de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. La alianza oficialista ganó todos los espacios de mayoría relativa del Congreso de la Unión y la oposición solo obtuvo lugares por la vía de la representación proporcional.

Camarillo Medina hace el pronunciamiento porque hoy está del lado de la oposición. Y está bien. Esa debe ser la labor de los partidos y los políticos opositores al régimen vigente.

Para redondear su pronunciamiento hace un llamado (que será como los llamados a misa) a los diputados federales y senadores emanados de Morena y sus partidos aliados: “peleen para que Puebla tenga el dinero proyectado inicialmente, que es de 126 mil millones de pesos”.

Nada de eso sucederá. Puebla se quedará en 2025 con menos recursos que los ejercidos este año.