Nora Merino Escamilla, diputada local del PT y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso, es una de las muchas voces que exigen justicia para la señora Esmeralda Gallardo, la mujer que buscaba a su hija desaparecida, que había señalado a los presuntos responsables de ello y que fue asesinada de varios impactos de bala en las primeras horas del martes.

La legisladora llamó a la Fiscalía General del Estado a encontrar a los autores del homicidio y se dijo confiada de que ese organismo público, a cargo de Gilberto Higuera Bernal, dará con ellos.

Eso se ha pedido a través de diversos pronunciamientos, de colectivos y personas que, asombrados por el hecho, demandan que no quede cubierto bajo el acostumbrado cobijo de la impunidad.

Sin embargo, y eso es lo interesante, Nora Escamilla no se quedó con el simple “encuentren a los culpables”.

La diputada del PT pidió revisar la actuación previa de la Fiscalía, para determinar si fue omisa frente a los antecedentes del caso, ya que no brindó protección a la señora Esmeralda Gallardo.

Nora Merino tiene toda la razón.

En estricto sentido ya no tiene mucho caso dedicarle 24 horas de siete días a la semana al caso.

Lo importante era hacerlo antes, para dar con el paradero de las jóvenes desaparecidas en 2022 (fueron dos) y evitar el homicidio de la madre de una de ellas.

Que se investiguen las omisiones y la ineficacia.

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Es importante que los hombres y las mujeres de negocios afiliados al Consejo Coordinador Empresarial elijan un perfil que tenga la capacidad de dialogar con representantes de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de terminar con ese ambiente de tensión que se vive ahora mismo entre el presidente del organismo y la administración estatal.

Le sorprenderá a usted saber quién ha hecho esa afirmación.

Se trata de una sugerencia realizada por Francisco Cervantes Díaz, presidente nacional del organismo, a los socios de Puebla, quienes están a unos días de elegir al relevo de Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco.

Además de externar que el próximo presidente (o presidenta) del Consejo Coordinador debe ser un empresario que tenga el compromiso de beneficiar a sus organizaciones, que le apueste al desarrollo económico del estado y a la generación de empleos formales, subrayó que debe tener una buena comunicación con las autoridades del estado, ya que eso permite un trabajo coordinado que favorece la llegada de inversiones.

Lo que se vive en Puebla, entre el CCE y el gobernador Miguel Barbosa, no es lo más conveniente, advirtió en una entrevista que se publica este día en El Sol de Puebla.

Falta poco tiempo para saber si los miembros poblanos le hacen caso a su representante nacional.

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Tuvieron que “desatarse los demonios”, como se dice coloquialmente, en el municipio de Calpan, para que las autoridades locales accedieran a crear un Consejo de Seguridad Pública Municipal que tome en cuenta a representantes del pueblo en la creación de estrategias para combatir al crimen.

Autoridades y pobladores del municipio, que hasta hace unos días era conocido únicamente como sede de la feria del chile en nogada, acordaron una reunión para el 21 de octubre, en la que le darán forma a esa consejo, con el objetivo de que los ciudadanos, molestos con su edil, Fernando Castellanos Hernández, puedan trabajar en las tareas de prevención.

Los habitantes de ese municipio ya lograron la destitución del director de Seguridad Pública y de varios policías, a quienes señalaron por el incumplimiento de su deber y responsabilizaron por el aumento de la inseguridad.

Insisten en quitar al presidente municipal, pero, quizá, con esta nueva forma de gobierno, en la que el pueblo es tomado en cuenta, ya no sea necesario.

El caso Calpan bien podría servir de ejemplo en muchos otros rincones del estado.