El actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, no ha podido convencer a los interesados en sustituirlo de apoyar a un solo candidato, al que se llamaría “de unidad”, para evitar el proceso de elección previsto para el 22 de noviembre.

Casi dos semanas después de que se inscribieron cuatro aspirantes para competir por ese cargo de representación empresarial, el de mayor importancia en el estado, los esfuerzos de Alarcón Rodríguez Pacheco por repetir un proceso de sucesión como el que vivió él en 2019 no han dado resultado.

Y por lo que se ve y se sabe por parte de los cuatro interesados, no lo darán de aquí a finales de mes, cuando se lleven a cabo las votaciones.

Mientras llega el día 22, los empresarios Olga Méndez Juárez, Carlos Couttolenc López, Rafael Herrera Vélez y Héctor Sánchez Morales ya han comenzado a reunirse con los diferentes presidentes de las cámaras para presentarles y explicarles sus planes de trabajo.

Independientemente de quién sea el ganón, o ganona, en las semanas por venir, parece que al Consejo Coordinador Empresarial por fin ha llegado la auténtica democracia.

Tres años atrás, el grupo en el poder le transfirió el poder a Ignacio Alarcón, que antes estuvo en manos de Carlos Montiel Solana, hoy líder de los regidores afines a Eduardo Rivera Pérez en el ayuntamiento de Puebla.

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El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, deberá pensar muy bien, y volverlo a hacer, si de verdad quiere hacer efectivo el cobro de Derecho por Alumbrado Público a los habitantes de la ciudad y pagar la factura política que le pasarán desde el partido político de enfrente, rival al suyo: Morena.

Basta con hacer un repaso de las declaraciones que ha emitido el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para entender lo que vendrá para el edil una vez que, como parece que ocurrirá, se convierta en candidato del PAN al gobierno del estado en 2024.

Céspedes Peregrina, coordinador además de los diputados locales de Morena, expresó esta semana que Rivera Pérez y el resto de los ediles que pretendan cobrar el DAP deberán ser transparentes y explícitos con los habitantes de sus municipios, para informar claramente en qué usarán los recursos que provengan de ese derecho.

Esta no es la primera vez que el legislador condiciona con sus palabras la aprobación del DAP para el municipio de Puebla y no será la última.

Céspedes Peregrina y el resto de los legisladores de Morena darán su aval mientras el gobernador Miguel Barbosa no les indique lo contrario, pero, queda claro, a un costo elevado.

Condicionar y recordarle a Rivera Pérez que la aprobación derivará de un favor emanado de Morena será solo el comienzo de una estrategia discursiva que se intensificará más adelante, cuando las circunstancias electorales lo demanden.

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Las dudas que sembró el viraje de Alejandro Moreno Cárdenas en la concreción de la alianza electoral con el PRI se multiplicaron con el informe de los siete diputados locales de ese mismo partido político en el que se pusieron a las órdenes del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Las dudas, por supuesto, en el PAN.

Después de ese informe legislativo que en realidad fue otra cosa, no fueron pocos los colaboradores de Eduardo Rivera en el ayuntamiento que comenzaron a preguntarse cuál sería el sentido de que algunos de sus aliados priistas colocados en posiciones de primer nivel, como Silvia Tanús Osorio y Karina Romero Alcalá, siguieran ahí, dada la inminente ruptura con el tricolor.

La pregunta tiene mucha lógica.

Si no hay alianza con el virtual precandidato a gobernador del partido blanquiazul, para qué obsequiarles posiciones.