El mayor logro del México revolucionario se venía consolidando con la construcción y fortaleza de sus instituciones, las cuales durante más de 100 años se han actualizado y reformado para consolidar y fortalecer al Estado mexicano, ¿deben adecuarse? si, más no destruirlas; los cambios institucionales deben impulsarse por los cauces legales y no fuera de ellas y mucho menos contra ellas.
Un Estado moderno debe sustentarse, construirse y adaptarse con reglas y normas jurídicas, con organizaciones especializadas para hacerlas cumplir. Es decir, que el poder se constituya y se ejerza por medio de nuestras instituciones.
Pues la incertidumbre establece una situación sobre el desconocimiento que se tiene acerca de lo que acontecerá en el futuro y, a la vez genera una sensación de titubeo, temor o inseguridad y por lo tanto cualquier acción que se desee emprender bajo esta situación no será clara y por tanto no confiable.
Bajo esta argumentación, la incertidumbre hace prácticamente imposible el avance o evolución futura, debido a que los agentes económicos se tornan evasivos lo cual provocará limitaciones en las inversiones; es decir, los empresarios no desearan invertir en las regiones donde no tengan la certeza de que su inversión será recuperada y les genere utilidades.
Por tanto, para revertirla, se debe ejercer un buen gobierno; donde las instituciones públicas funcionen de manera adecuada, bajo un marco de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, orientando las mejores decisiones en favor de los intereses de su población sin afectarlos en su esfera jurídica, construyendo un marco de actuación, mediante una activa participación de todos los sectores sociales, sustentándolas en políticas públicas eficientes.
Donde lo más importante sea consolidar la gobernanza, mediante la atención y respeto a los derechos humanos, la transparencia en la acción gubernamental y la disminución de la corrupción; acciones que generaran certidumbre en la sociedad y alentaran sin duda la inversión privada.
No abordar estos temas, que afectan directa e indirectamente a la sociedad, implicara la pérdida de confianza en las autoridades, volviéndose día a día indiferentes aun en la afectación de su entorno y, lo lamentable será que se siga incrementando la incertidumbre como el signo de los tiempos.
En consecuencia, se requiere establecer un efectivo Estado de Derecho, el cual regule la actividad de gobernantes, gobernados y de la administración pública. Es decir, el Estado de Derecho debe generar certidumbre jurídica, al hacer previsibles los efectos legales de los actos de las personas y de la administración.
En el conglomerado social se percibe una delicada crisis institucional que, acompañada de ineficacia y tolerancia imprudente, con un Estado inmóvil, requiere establecer criterios de políticas públicas que disminuyan la desigualdad, la injusticia, la discriminación y, el deterioro de los valores sociales y éticos; los cuales han contribuido a generar violencia, delincuencia, corrupción, abuso de poder y de barbarie cada vez más frecuentes en nuestra vida cotidiana.
La realidad es que, se ha ido deteriorado la convivencia cotidiana predominando la desconfianza entre ciudadanos y autoridades, no hay cooperación y se fortalece el individualismo; el cual va resquebrajando el tejido social, donde el individualismo atiende su propio bienestar, siendo indiferente al dolor o al daño ajeno. Realidad en México, que rebasa cualquier esfuerzo de comunicación política.
Por tanto, debemos reconciliar nuestro pasado reciente y nuestro presente a través de la memoria, la comprobación de la verdad y el fin de la impunidad, más allá de persecuciones y perversiones políticas y; tener la capacidad en trabajar de manera conjunta con nuestros líderes e instituciones, en el cumplimiento de nuestras leyes y en el ejercicio de la justicia, mediante un gobierno efectivo.
Hoy toca a todos los mexicanos honrar el legado por el cual lucharon y dieron su vida los revolucionarios que querían un México con instituciones sólidas, que impulsaran la equidad y la justicia social para todos los habitantes del país.
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