Hoy en día, el Estado reconoce la igualdad de género estableciéndola en el artículo 4° de nuestra Constitución Política; mismo que a la letra dice “el varón y la mujer son iguales ante la ley…”; sin embargo, existen diversos tipos de prácticas de superioridad entre géneros, en su mayoría hacia las mujeres; por lo que podríamos decir que no hay garantía de este derecho, pues ahora va en incremento.
Debido a su gravedad en la década de los 90, el Banco Mundial y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) determinaron a la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública.
El tipo de agresiones (físicas, sexuales y psicológicas), el ámbito en el que se efectúen (familiar, laboral, educacional) y la manera en que ocurran los hechos, son elementos de vasta importancia para determinar si esos actos de violencia pueden considerarse delitos (violaciones sexuales, incesto, tráfico de mujeres, feminicidios, etc.). Tanto el acto como el delito son consecuencias de una inequidad social, de la desigualdad y la asimetría de género dadas desde la formación y educación infantil; misma que viene arrastrándose por varias generaciones. En esta etapa los menores normalizan las actitudes de los padres; ya que al ser ellos una figura de autoridad, los niños asumen que ellos deben hacerlo igual sin saber diferenciar si es correcto o no.
Por lo tanto, nos lleva a que la complejidad de las relaciones entre hombres y mujeres, las causas y efectos, las diferentes formas de discriminación, los estereotipos y la violación a los derechos humanos de las mujeres, no se quedan en un problema de la violencia (que por sí es grave) sino también a la preocupación de que el problema no ha disminuido pese a que el Estado cuenta con diferentes legislaciones, como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, así como en nuestra Carta Magna.
Considero que es estrictamente indispensable y de gran urgencia trabajar en el fortalecimiento de los programas existentes, así como en la creación de nuevas estrategias y líneas de acción para cumplir con el objetivo de los mismos, y así lograr la sensibilización y concientización por parte de la sociedad en nuestro país; así como consolidar la aplicación jurídica ante el caso de violencia de género, la activación de las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y la total eficiencia en el procedimiento del mecanismo de alerta de género.
Por tanto, el reto en el que nos encontramos, Estado y sociedad, es atender el preocupante tema de violencia contra la mujer; especialmente feminicidios como un asunto de máxima prioridad. Para lograrlo se deberá transversalizar la perspectiva de género e igualdad sustantiva en todas las políticas y programas públicos; tratando de asegurar una vida libre de violencia para las mujeres y la sensibilización y concientización de los hombres.
Consejero jurídico del gobierno del estado.
