Por: Magistrado Marco Antonio Meneses Aguilar
Según la iniciativa de reforma al Poder Judicial, su necesidad radica en remediar “las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia que ha padecido nuestro país en las últimas décadas”, dada “la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla” y su lejanía del pueblo.
Esa motivación que consigue simpatías se acompaña de una propuesta aún más fascinante: elegir a las personas juzgadoras mediante el voto popular y así, según, sanar a la función judicial corrompida.
A pesar de que no se explica sobre qué bases comprobables se apoya el diagnóstico de la corrupción generalizada en el poder judicial y específicamente en el Poder Judicial de la Federación; lo cierto es que, la introducción de ese modelo de votación popular me retrotrajo a la Antigua Grecia, donde las magistraturas judiciales eran elegidas mediante elección directa o sorteo; Aristóteles concebía este último método (sorteo) como una práctica propia de la democracia, siendo la más cercana al pueblo, pues las personas designadas en esos términos emergían y eran elegidos directamente por el pueblo mismo.
En congruencia con las motivaciones de la reforma judicial, debería entonces mejor proponerse un sorteo como método de designación de personas juzgadoras, pues es una práctica puramente democrática y de mayor cercanía al pueblo.
Por el contrario, el modelo de voto popular en términos de la pretendida reforma en realidad se aleja del pueblo porque para su logística, en lo esencial, se dispone que cada uno de los poderes de la Unión presentará a dos personas por cada plaza sujeta a votación, es decir, habrá un total de seis personas para cada plaza; candidatos que, además, para su campaña, harán uso del tiempo en medios de comunicación que el Estado tiene. La carga política que habrá en la persona aspirante es altísima, primero para que alcance a ser propuesta por los entes de poder; luego, al momento de hacer campaña en la que comprometerá su criterio no con la justicia, sino con la agenda legislativa y proyectos políticos que la mayoría apoye si es que quiere convencer al electorado; será, pues, dependiente y aduladora del clientelismo partidista y grupos de poder sin importar la justicia ni el pueblo.
¡No se diga más! No existe juez más cercano al pueblo que el elegido por sorteo, sin olvidar que este método no tiene las implicaciones económicas y de logística propias de la elección por voto popular que, por cierto, no se han explicado, pues nadie sabe cuánto costaría la jornada electoral, cada cuándo se llevaría a cabo, cómo se expondrían las propuestas de cada aspirante considerando lo técnico del encargo por el que se postulan, entre otras interrogantes como las que la presidencia del Instituto Nacional Electoral recientemente expuso a los diputados del Congreso de la Unión.
Pero en honor a la verdad, un modelo de selección por sorteo, aun siendo el más cercano al pueblo, tristemente no garantiza justicia. Volvamos a la Antigua Grecia y recordemos el famoso juicio a Sócrates, acusado de “corromper a los jóvenes”, cuyos enjuiciadores fueron seleccionados por sorteo de un grupo de ciudadanos, quienes después de escuchar las disertaciones de Sócrates y de su acusador se inclinaron por las alegaciones conmovedoras de este último, concluyendo en una sentencia de culpabilidad y la pena de muerte.
Después de todo, no tenemos más remedio, incluyendo a los más luminosos promotores de la reforma judicial, que aceptar que esos modelos de elección popular no subsisten más en los mejores sistemas de justicia, simplemente porque avivaron la discrecionalidad arbitraria de quien juzga; es indispensable que las y los juzgadores estén sometidos a rigurosos procedimientos de selección como futuros creadores de la doctrina y precedentes que obligatoriamente habrán de seguir el conjunto de órganos judiciales y de ese modo, generar certidumbre jurídica y equilibrio social.
Una judicatura profesional, especializada, imparcial e independiente requiere de la formación de perfiles acuciosos en el estudio continuo, laborioso y dilatado; estoy hablando de la carrera judicial como modelo idóneo de selección de personas juzgadoras.
Hamilton, Madison y Jay, en su obra El Federalista, escribieron: “…serán pocos los hombres en cada sociedad suficientemente versados en materia de leyes para estar capacitados para las funciones judiciales. Y si descontamos lo que corresponde a la perversidad natural del género humano, han de ser menos aún los que unan a los conocimientos requeridos para la integridad que debe exigirse”.
Las luchas ideológicas para representarnos un mejor futuro muchas veces nos presentan su peor cara y no deja de ser una oportunidad para que la reflexión y la razón logren hacer el bien. No rechazamos el examen crítico a la reforma judicial. Hoy, al pueblo que clama justicia, se le ofrece un vaso de agua, pero con veneno.
