@IsaacPalestinaD
Los casos que aquí expondré son ejemplos perfectos del uso político de la impartición de justicia, esta no es una práctica exclusiva del Poder Judicial, están involucradas las Fiscalías y por supuesto, en algunos casos presidentes municipales y gobernadores de los estados.
El caso de Hugo Karam y Marío Marín sacudió a la opinión pública pues el 6 de agosto fueron excarcelados (cambiaron las medidas cautelares, es decir, continúan en un proceso) el primero, y el 11 de agosto el segundo. Ambos son acusados por la periodista Lydia Cacho de ser lo autores intelectuales de la privación ilegal y tortura que sufrió por parte de la Policía Judicial en 2005.
Este caso ha permanecido en la impunidad 19 años por una sencilla razón: según diversos testimonios de políticos y periodistas, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa llegaron a un acuerdo con Marío Marín en el que Puebla fue uno de los estados claves en el fraude electoral que robó la Presidencia de la República a Andres Manuel López Obrador en las elecciones de 2006. Es hasta 2021 que el Poder Judicial capturó a los involucrados en este detestable crímen y es en 2024 cuando los dejaron ir a sus casas.
Juan Antonio Vera Carrizal político priista y empresario ordenó el intento de feminicidio con ácido de la saxofonista María Elena Ríos en 2009, y desde entonces María Elena ha sufrido un calvario para conseguir justicia. Vera Carrizal utilizando sus influencias políticas en el Poder Judicial ha permanecido prófugo e intocable, y debido a la presión mediática y política en 2020 se entregó a las autoridades, sin embargo, el miércoles 14 de agosto un juez absolvió a Vera Carrizal y ordenó su inmediata liberación.
Por fortuna una juez de control revocó la sentencia, ordenó investigar al juez que dictó la sentencia exculpatoria y ordenó que Carrizal permaneciera en prisión. María Elena Ríos lleva buscando justicia 5 años y lo que ha encontrado es un proceso lleno de trabas y formalismos judiciales que más que proteger a las víctimas, generan impunidad.
Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua del Partido Acción Nacional (PAN) y senador electo del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA,) fue intentado detener de manera ilegal por la fiscalía de su estado en un restaurante de la Ciudad de México por el delito de desvío de recursos públicos, un acto de venganza de la gobernadora María Eugenia Campos, que en contubernio con César Duarte y Manlio Fabio Beltrones, buscan incriminar, detener y procesar por causas políticas a un senador electo.
En todos estos casos mediáticos ha habido una lucha constante entre opinión pública, influencias de bandos políticos y una profunda corrupción en las fiscalías de los estados y el Poder Judicial. Más allá de la reforma en los términos que está siendo discutida en el Congreso de la Unión lo cierto es que México necesita una verdadera transformación en el ámbito jurisdiccional. En nuestro país la justicia tiene precio y es un gran negocio para las autoridades de todos los ámbitos, sobre todo de los actores políticos que detentan el poder.
