@IsaacPalestinaD
La fragilidad del Estado en los municipios de Puebla se está haciendo evidente, un lamentable ejemplo es Izúcar de Matamoros, dónde hay casos de corrupción, represión y homicidios en los cuáles están involucrados funcionarios municipales y probablemente hasta la alcaldesa Irene Olea.
Vayamos un paso atrás, Izúcar de Matamoros es un municipio de la región de la Mixteca poblana, caracterizado históricamente por la organización campesina y defensa del territorio, epicentro de la lucha zapatista, la democratización de los sindicatos cañeros, etcétera. Sin embargo, en los últimos 30 años se ha caracterizado por una población migrante, con tendencia creciente a violencia por conflictos de pandillas, organización de autodefensas e injerencia de grupos del crimen organizado.
En este contexto nada grato, el trienio de la alcaldesa Irene Olea se ha caracterizado por todo aquello que discursivamente combate el partido Morena, pero el punto más álgido por el que podría terminar incluso en la cárcel es por los delitos de tortura, abuso sexual y privación ilegal de la libertad en contra de las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López, que se cometieron en los separos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros. Que por si fuera poco, el caso revivió con alta preocupación con el asesinato de la testiga protegida María del Socorro Barrera Sánchez, testimonio que era fundamental para la audiencia constitucional que se llevaría acabo esta semana ante la Fiscalia General de la República (FGR), misma que sostenía que los actos en contra de las periodistas y otros abusos de autoridad eran ordenados desde la oficina más importante de la Presidencia Municipal ¿coincidencia?
La duda razonable de la participación de Olea en diversos ilícitos no es aislada, y para colmo no es la única munícipe presuntamente involucrada en estos vergonzosos hechos. En las últimas semanas se ha relacionado por lo menos a 4 alcaldes con la Ley del Plomo, por ejemplo: Álvaro Tapia de Acteopan se le acusa de atropellar y matar a su esposa María Elianet Sandoval Castillo. Emiliano Vázquez Bonilla de Zapotitlán de Méndez acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Ramón Malagón García, conductor del hoy presidente municipal electo Salvador Tino Martínez.
Estos actos de violencia no son nuevos ni esporádicos, pero sí es notable su incremento o su mayor exposición en medios de comunicación, actos que escandalizan por su magnitud y que vulneran la seguridad jurídica en la esfera más inmediata de los ciudadanos: el municipio. De no atenderse esta situación, podríamos enfrentar una crisis de gobernabilidad como se vive en los municipios más alejados de las grandes ciudades, es decir, climas semejantes a los de Guerrero, Michoacán, Guanajuato o Zacatecas.
