Los resultados electorales están dando resultados definitivos para quienes contendieron y fueron votados el pasado 2 de junio. En el recuento que se hizo en los 300 distritos electorales, con lo que se transparenta y garantiza la correcta contabilización, se llevó a cabo después de que los colegios electorales cerraron; manualmente se recuentan las papeletas que son extraídas de los sobres de cada urna, uno por uno, en voz alta, en un proceso abierto. Un proceso que se incluyó en el artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

Los supuestos para llevar a cabo el procedimiento son: inconsistencia en las actas, alteraciones evidentes, falta de acta, errores o inconsistencias evidentes, votos nulos superiores a la diferencia, votación unánime, paquetes con alteraciones. Así, el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo el recuento en el 60% de las casillas del país, que son más de 102 mil casillas. Aunque finalmente puede ser mayor, por las impugnaciones a que haya lugar por parte de los partidos políticos.

A reserva de tener los datos definitivos, el claro y apabullante triunfo de los candidatos de Morena sumará 23 estados y la CdMx bajo su gobierno, frente a 4 estados gobernados por el APN, dos por el PRI y dos por MC. Esto obliga a pensar en un nuevo capítulo de las administraciones que vienen.

La transparencia será crucial en las gestiones de la administración pública, uno de los principios de la democracia también. En este trayecto, es factible que un ciudadano común no represente gran fuerza para exigirla, pero sí en asociaciones civiles, organismos no gubernamentales, entidades independientes. En nuestra joven democracia hace falta que como ciudadanos tengamos claro que un servidor público tiene la obligación de rendir cuentas. Las autoridades deben crear los mecanismos para rendirlas.

Sin embargo, la cultura que nos embarga, en la que estamos inmersos, revela una inquietante realidad. Sin generalizar, es importante preguntar ¿Qué motivaciones tiene una persona para contender por un puesto público de elección popular? La respuesta, auténtica, revela los principios democráticos de cualquiera.

Es el caso de la diputada Irma Andazola Gómez, candidata de Morena a una diputación por el 4º Distrito Federal, quien murió el 23 de mayo en un hospital de Tijuana por un tumor maligno e hipertensión arterial, y fue cremada de inmediato. Pero su deceso se dio a conocer el 1 de junio, un día antes de las elecciones. Su equipo siguió haciendo campaña, posteando en redes, con imágenes de sus brigadistas repartiendo propaganda para quien buscaba reelegirse por el estado de Baja California. La decisión, según versiones públicas, fue del esposo “para que no designaran a su suplente”; sin embargo, en los lineamientos del INE plantean que el partido político correspondiente, debe notificar formalmente al organismo para poder sustituirlo en un plazo especifico, y asegurar así la continuidad del proceso sin alteraciones.

La ignorancia predomina en estos hechos, además de que la verdad siempre sale a relucir. Sale a la luz el que la nuera estaba registrada como suplente, pero son claras las verdaderas motivaciones. Considero que fue una decisión perturbadora, pero lo más inquietante es que la ignorancia cubra las decisiones públicas que vienen, para lo que viene.

*Politóloga, profesora-investigadora. Miembro Fundadora de la AMECIP y secretaria de Membresías. Mail: margarita_arguelles@hotmail.com