En días recientes, el Congreso ha impulsado una reforma que asegura que las modificaciones a la Constitución no puedan ser impugnadas, reafirmando que la voluntad popular es la máxima autoridad en nuestro país. Esta medida no es nueva ni arbitraria, sino que busca dejar en claro algo que ya establece la Ley de Amparo: ninguna reforma constitucional puede ser frenada o revertida por un juicio de amparo. Y esto es fundamental para proteger las decisiones del pueblo, expresadas a través de nuestros representantes en el Congreso y en los congresos estatales.

Este camino que estamos construyendo juntos es la continuación de una transformación profunda en nuestro país. El pueblo nos eligió, en su mayoría, para construir el “segundo piso” de esta Cuarta Transformación: fortalecer los cambios, asegurar los derechos sociales y consolidar un México más justo y equitativo. Esta reforma es una de las piezas clave para ese segundo piso, porque establece con claridad que la voz de la ciudadanía no puede ser cuestionada o bloqueada por unos cuantos que buscan proteger sus intereses.

Sin embargo, pese a esta claridad legal, algunos jueces, magistrados y ministros han tratado de recurrir a amparos para proteger sus propios intereses y evitar los cambios que les afectan directamente. Lo hacen a sabiendas de que, por la propia Ley de Amparo, las reformas constitucionales no están sujetas a revisión judicial. Esta situación muestra un claro conflicto de intereses, ya que se resisten a perder privilegios, aunque eso signifique ir en contra de lo que el pueblo ha decidido.

Lo cierto es que la reforma no hace más que expresar claramente en la Constitución lo que ya se establecía en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Las reformas constitucionales, cuando son aprobadas por una mayoría calificada en el Congreso de la Unión y ratificadas por más de la mitad de los congresos estatales, representan el mandato del pueblo. Permitir que estas reformas sean impugnadas es una forma de socavar la soberanía popular, de darle más peso a las decisiones de unos cuantos que a la voluntad de millones de ciudadanos.

Algunos pueden pensar que limitar el alcance de los amparos es peligroso, pero este no es el caso. La reforma no pretende eliminar el control judicial en temas de derechos, sino asegurar que las decisiones sobre la Constitución, que pasan por un proceso democrático y riguroso, sean respetadas. En otras palabras, la reforma busca evitar que los intereses de unos pocos puedan bloquear los cambios que la ciudadanía exige.

Esta medida no es un ataque al Poder Judicial, sino una defensa de nuestra democracia. Si el pueblo, a través de sus representantes, decide reformar la Constitución, esa decisión debe ser definitiva y respetada. No podemos permitir que los jueces utilicen los amparos como un mecanismo para proteger sus privilegios y detener la voluntad popular.

Esta reforma no se trata de limitar derechos, sino de garantizar que los cambios que el pueblo aprueba tengan la fuerza y estabilidad que merecen. En un país democrático, el poder está en manos de la ciudadanía y en las decisiones que se toman en su nombre. Respetar la inimpugnabilidad de las reformas constitucionales es respetar la voz del pueblo, la soberanía nacional y el mandato democrático. La reforma simplemente reafirma que la Constitución es del pueblo, y las decisiones sobre ella no se tocan.