Lo que sin duda fue un día histórico el pasado miércoles con Claudia Sheinbaum recibiendo de manos del Tribunal Electoral, su constancia de mayoría electa que la confirma como Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, y que conmemorará la primera ocasión en la que una mujer ostenta nuestra máxima magistratura, se vio opacado por lo que sucedería ese mismo miércoles por la noche.
No tenía ni 24 horas como presidenta y Claudia Sheinbaum ya contaba con su primera polémica, cuando el ex gobernador panista de Chihuahua Javier Corral, se encontraba cenando en el restaurant Gin Gin de la Ciudad de México, cuando autoridades de la Fiscalía de Chihuahua junto con elementos de la policía de la capital del país, ingresaron al lugar con una orden de aprehensión para Corral por el delito de peculado, del que se le acusa en el estado que gobernó (Chihuahua), una escena nada favorable para la reciente presidenta electa, quien hace poco había encargado precisamente a Corral la creación del instituto anticorrupción de su gobierno, vaya paradoja.
En razón de lo anterior, no podía permitirse que el nuevo gobierno incluso antes de tomar protesta, se estrenara con el encargado de la creación de un instituto anticorrupción encarcelado por corrupto, por lo que se hecho mano del fiscal de la Ciudad de México Ulises Lara, aquel infame personaje que resonara en la vida pública del país, luego de volverse abogado en un día gracias al “Prestigiosisimo” centro de estudios Cúspide, casualmente el mismo día que era nombrado como fiscal sustituto de Ernestina Godoy, pero bueno, fue el mismísimo Ulises Lara quien acudió personalmente al rescate de Corral, argumentando que la Fiscalía de la Ciudad de México, no había dado respuesta a la solicitud de colaboración de la Fiscalía de Chihuahua, y es que esta no puede actuar fuera de su área de competencia (Es decir fuera del estado de Chihuahua), por lo que al ubicar a Corral en CDMX, habían solicitado la cooperación de la fiscalía capitalina para su detención, sin embargo el caso termino con ambas fiscalías enfrentadas entre que ya habían aceptado la cooperación o que se actuó sin que hubiera firmada una cooperación, el caso es que Javier Corral aunque prófugo respecto a las autoridades de Chihuahua, se encuentra libre, sin enfrentar a la justicia y con la tarea de diseñar un instituto anticorrupción.
Este caso se suma a otros dos que han agitado las aguas morenistas en las últimas semanas, tales como el del ex gobernador de Puebla Manuel Bartlett y su familia, quienes de acuerdo a un extenso reportaje de la revista Proceso, en un periodo que comprende del 2011 al 2019, se hicieron de diversos predios en Playa del Carmen, Puerto Morelos, y Tulum, mismos que casualmente, han adquirido una conveniente plusvalía, que juntos suman aproximadamente 164 hectáreas y que están ubicados en zonas aledañas a donde está siendo construido el Tren Maya.
Sin embargo cuando al presidente López Obrador se le cuestionó al respecto en su mañanera, no por acusar a la familia del aún director de la CFE de adquirir estos terrenos durante una administración morenista, pues como comentamos la adquisición de estos bienes fue entre el 2011 y 2019 cuando morena aún no llegaba al poder, sino por saber si el aún presidente de la república consideraba que se debería investigar el patrimonio de los Bartlett Abdalá, sin embargo este se negó, argumentando el clásico “Es de qué Proceso es un medio calumniador que solo busca dañar el prestigio de la transformación”, que difícil debe ser para un lopezobradorista escuchar a su líder, defender a uno de los máximos exponentes de “La Dictadura Perfecta”, pero en fin, este caso al igual que el anterior de Javier Corral, terminó con Bartlett en libertad y sin ser investigado.
Por otro lado, la crisis en el gobierno del sinaloense Rubén Rocha Moya por las declaraciones de “El Mayo Zambada” desde la Unión Americana se agudizan, pues el gobernador morenista pensó que podía sacudirse la versión de que el día del secuestro de Zambada a manos de Joaquín Guzmán López, el capo iba en camino a una reunión con el mismo Rocha, argumentando que ese mismo día, casualmente se había ido de vacaciones a los Estados Unidos de la nada y en un avión privado, no obstante esto solo hizo crecer el número de cuestionamientos como por ejemplo ¿Por qué no había avisado de sus vacaciones con anticipación? ¿Por qué decidió salir del país en plena jornada laboral? O ¿Sabía que la avioneta en la que se fue era de un empresario acusado de sostener nexos precisamente con “El Mayo Zambada”? Pero a pesar de la magnitud de los señalamientos, que incluso colocan al gobernador detrás del deceso de Héctor Melesio Cuén, este fue cobijado por el manto protector de la diócesis cuatroteísta y al igual que en los dos casos anteriores, Rubén Rocha se encuentra sin ser investigado y en total libertad.
Estos ejemplos se dan bajo el marco de la aprobación o no del Plan C, que pretende dinamitar la Suprema Corte de Justicia como la conocemos, un riesgo advertido por todos lados, desde la caída del peso frente al dólar, hasta comentarios en contra de la elección de ministros mediante el voto popular expresada por el embajador estadounidense Ken Salazar, el sencillo patrón que debemos analizar es que todos estos personajes son figuras ligadas al partido en el poder, por lo que vale la pena preguntarnos, estimada o estimado lector, ¿Usted cree que si los políticos involucrados en los escándalos anteriormente relatados fueran panistas, priistas o emecistas se hubieran librado de todo mal tan fácil? Es evidente que el Poder Judicial requiere de una reforma urgente, pero no una que se utilice únicamente para beneficiar al partido de turno, y cuya finalidad sea la de brindar impunidad a sus militantes.
A todo esto hay que sumarle la novedad de la semana sobre la reforma al Poder Judicial, ya que Morena presentó en la Cámara de Diputados el dictamen de las modificaciones al llamado Plan C, mismo que de acuerdo a los propios morenistas recibió más de 100 cambios, los cuales serán analizados en un plazo de 10 días para su aprobación, ¿Pero cuáles son los cambios? De entrada se busca la renovación de todas y todos los ministros de la Suprema Corte, a la mitad de las magistradas y magistrados y a todos los jueces vacantes o que se estén próximos a su retiro, por cierto, la mitad que se queda repito, son de las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aquellos que palomearon como “legal y justa” la elección del pasado 2 de junio, y de quienes depende que Morena tenga el 75% del congreso a pesar de haber recibido el 56% de los votos ¿Será plan con maña o andamos muy desconfiados?
Como sea la cereza del pastel dentro de este dictamen es que si hubieran muchas personas queriéndose postular al cargo de juez, magistrado o ministro, entonces esta o este sería electo mediante una tómbola y permítanme detenerme aquí ¿Qué pensaría si su libertad dependiera de un juez que obtuvo su cargo a través de una rifa? Una locura solo comparable con otra pregunta ¿Se dejaría operar por una persona que se volvió médico gracias a una rifa? Habrá que estar muy al pendiente de que se queda y que no dentro de esta improvisación llamada Plan C, que muchos apoyan, pero pocos conocen.
