El sexenio del morenista Andrés Manuel López Obrador terminará en medio de balazos en estados como Sinaloa, Chiapas, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Sonora, Morelos, Michoacán, Veracruz…
Lo único medible de la “estrategia” de seguridad contra la violencia de los “abrazos y no balazos”, es la métrica de los homicidios dolosos que al cierre de su gobierno sumarán más de 200 mil, con un promedio de 92 mexicanos asesinados (SNSP), dejando una estela de sangre y dolor.
El sexenio lopezobradorista pasará como el más violento en la historia del país; a la cifra de los crímenes dolosos hay que sumar 5 mil 227 feminicidios y 61 mil personas desaparecidas (Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas).
El gobierno de López Obrador se propuso abatir los índices delictivos y la violencia atacando de raíz el problema, atribuido a la desigualdad y la pobreza, pero el tejido social durante su régimen terminó más dañado al acumular 1 millón 418 mil 197 víctimas de la violencia familiar, el mayor récord en la historia.
Los programas sociales implementados por el régimen obradorista fue más orientado a obtener el voto corporativo en los procesos electorales, como se observó el 2 de junio de 2024, y no para atacar las raíces de la violencia delictiva, con el agravamiento de la violencia familiar.
Es en este contexto de violencia y muerte como concluye el gobierno de López Obrador, con cifras horrendas de dolor a cientos de miles de familias mexicanas víctimas de delitos diversos, con lo sangriento y sádico de los homicidios dolosos.
Las cifras de muerte por la violencia en el país supera las acusaciones a “toro pasado” de las presuntas ligas del presidente de México con los capos de la delincuencia organizada, incluidos los cárteles del narcotráfico, denunciados por el convicto Genaro García Luna, procesado en EU.
Son los delincuentes quienes controlan la economía de buena cantidad de estados con la extorsión el cobro de piso, el dominio de amplios territorios y vías carreteras; robo de combustible a Pemex, y con presencia en los partidos políticos con registro y en las corporaciones policiales.
En este ascenso de la delincuencia en los estados, el oficialismo se apoderó del Poder Judicial con una reforma que le abre las puertas a la delincuencia común y a la de “cuello blanco” para imponer jueces a modo, ya no solo gobernadores, legisladores y alcaldes.
Así que también fue muy tardía la postura de expresidentes como Ernesto Zedillo para advertir el riesgo de una “tiranía” en México con el gobierno del partido oficial, al calificar de “gansterismo” por el modo y la forma de lograr imponer la reforma judicial.
La impunidad otorgada en este sexenio al crimen organizado y a la delincuencia con “abrazos y no balazos” solo se confirma con lo ocurrido con la “guerra” entre facciones del cártel de Sinaloa, la pugna entre cárteles en Chiapas y otros estados, todas las ventajas al CJNG y la peor corrupción de las corporaciones federales como la Guardia Nacional, las estatales y municipales.
En cada entidad federativa, como ocurre en Sinaloa con Rubén Rocha Moya, con “Los Chapitos”, cada gobernador tiene su cartelito y células criminales en su territorio a quienes no tocan ni con el pétalo de una rosa, pese a la estela muerte en el estado.
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Face: Pablo Ruiz Meza
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