“Gobiernen con honestidad, sin privilegios y sin influyentismos. La gente quiere gobiernos libres de corrupción…”.

Exhortó el gobernador electo Alejandro Armenta en un videomensaje, al rendir protesta José Chedraui Budib, como alcalde de la ciudad capital el pasado 15 de octubre.

Se trató de un llamado al entrante edil capitalino, pero fue extensivo a los presidentes municipales electos: “el poder está para servir al pueblo y no servirse del pueblo”, remató el mandatario. Te lo digo Juan, para que lo entiendas Pedro.

Es en este contexto cuando los habitantes de la ciudad capital y en general la sociedad poblana se enteró que el gobierno panista de Eduardo Rivera y Adán Domínguez dejarán pasivos por casi 500 millones de pesos, un boquete financiero a las finanzas que dejó el “cambio de rumbo”.

Se trata de una rayita más al tigre de los políticos que asumen la función pública para enriquecerse, y hasta este momento los poblanos no saben cuántos alcaldes más causaron daños patrimoniales a los municipios.

La nueva clase política que gobernará el estado bajo las siglas de Morena, que al final es la misma nomenclatura proveniente del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT… tiene la oportunidad la administración de Armenta de hacer una limpia transparente, castigar a responsables y no andar de perdonavidas.

La aplicación de la ley debe ser con el mismo rasero, sin indulgencias a correligionarios ni la ley a secas contra opositores, involucrados en desvíos, fraudes, lavado de dinero, daño patrimonial o enriquecimiento con recursos del erario estatal o municipal.

La lista es larga de funcionarios públicos municipales y estatales señalados de diversas anomalías financieras; los panistas Eduardo Rivera y Adán Domínguez se suman a la lista donde figuran Luis Miguel Barbosa Huerta (+), Verónica Vélez Macuil, María Teresa Castro Corro…

“Los servidores públicos de administraciones anteriores que abusaron de su función, que se creyeron intocables, que se creyeron que estaban en un proyecto político que no iba a terminar, ellos tendrán que rendir cuentas”, declaró el gobernador Barbosa, el 10 de octubre de 2019.

El difunto ex mandatario dirigió entonces sus baterías al gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido por un presunto desvío de 196 mdp en obras de infraestructura en municipios, y anunció una investigación.

No habían pasado dos años del gobierno barbosista y ya había desviado 600 mdp de una inversión amañada Banco Accendo, perdidos hasta la fecha, invertidos por su secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro.

Barbosa Huerta y Castro Corro lavaron de dinero público por 6 mil 800 millones de pesos invertidos en la financiera Fóndika SA de CV, por la cual el gobierno del estado obtuvo los intereses más bajos del mercado. Dos funcionarios serían acusados por la SFP, pero nada.

En estas prácticas de corrupción fue señalada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) Verónica Vélez Macuil, la nefasta vocera de prensa, de un daño patrimonial de 25.8 millones de pesos, solo de la cuenta pública 2022.

Con base al reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Cuenta Pública 2022 del exmandatario Miguel Barbosa, no aclaró anomalías detectadas en el 2021, por un monto de 3 mil 244 millones 900 mil 100 pesos.

La corrupción se barre de arriba para abajo, advirtió AMLO al asumir la Presidencia en 2018; pero algunos gobernadores de Morena y alcaldes del PAN barrieron hacia arriba, ensuciando todo; el gobierno de Armenta debe limpiar y abstenerse de dar “amnistía” a depredadores del erario.

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Face: Pablo Ruiz Meza

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