La Secretaría de la Función Pública (SFP) estatal se le adelantó al entrante gobierno morenista de Alejandro Armenta con el tradicional “Quinazo” al inicio de una nueva administración pública.

La SFP informó de las demandas penal y administrativa contra dos ex funcionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas del periodo de Miguel Barbosa Huerta, involucrados en la pérdida de 600 millones de pesos en la fallida inversión en Banco Accendo.

“Desvío y encubrimiento”, son los presuntos delitos que se le atribuyen a los ex funcionarios de primer nivel, querellas que inevitablemente tocarán a la puerta de María Teresa Castro Corro, la ex secretaria de Finanzas barbosista.

Durante el régimen priista era común la práctica exhibir “chivos expiatorios” a la llegada del nuevo gobernante, como ocurrió con Carlos Salinas de Gortari en 1989 para crear una “cortina de humo” ante el escándalo por la “caída del sistema” a Manuel Bartlett en las presidenciales de 1988.

El 9 de enero de 1989, sin una orden de aprehensión, fue detenido por las fuerzas armadas en Ciudad Madero, Tamaulipas el otrora líder petrolero Joaquín Hernández Galicia "La Quina", posterior a un discurso contra los planes de privatización salinista del sector energético.

En Puebla, el “Quinazo” sexenal es post morten a la administración de Miguel Barbosa por el desvío de 600 mdp (delito de peculado) que bien podría inscribirse en esta práctica de buscar un “chivo expiatorio” para crear una “cortina de humo”.

Para evitar suspicacias y no endosarle el problema financiero a la administración entrante de Alejandro Armenta, sería más saludable transparentar el “hoyo financiero” del erario estatal que supera los 3 mil mdp de la cuenta 2021 reportada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Los 600 mdp “perdidos” en Banco Accendo, que constituye de entrada es un severo daño patrimonial a las finanzas del estado, es limitado y solo un distractor que impide a los ciudadanos conocer a detalle el gasto integral, posterior a la coyuntura electoral.

Deben precisar si la indagatoria sobre los desvíos millonarios excluyó a personajes cercanísimos a Miguel Barbosa con quienes firmó y decidió movimientos financieros, así como defender la permanencia de Castro Corro en el cargo durante el gobierno sustituto.

La gravedad del daño patrimonial por el pésimo manejo de las finanzas del estado, hoy bajo la presunción de “desvíos y encubrimiento” seguramente no se limita a los 600 mdp, sino a gastos sin aclarar por 3 mil 187.5 mdp observados en 2021 por la ASF.

El mayor monto, 723.6 millones de pesos, tiene que ver con la acción 2021-A-21000-19-1404-03-003, en la que se pide a la administración estatal aclare, justifique y compruebe información en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios sobre el ejercicio de participaciones federales que recibió en 2021.

Otros 679 millones corresponden a la acción 2021-A-21000-19-1392-03-001 por concepto de “ingresos excedentes que se destinaron a rubros que no se encuentran considerados conforme a la normativa; asimismo, no acreditó que tuvieran un fin específico en términos de las leyes”.

En tanto que 593 millones forman parte de un pliego de observaciones dentro de la acción 2021-A-21000-19-1404-06-002, en la que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública.

Pero hay más. Desde 2012, el estado de Puebla tiene pendientes de justificar 15 mil 655.3 millones de pesos.

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Face: Pablo Ruiz Meza

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