Marilyn Cote, la abogada y falsa psiquiatra de Puebla, es una paciente psiquiátrica que en complicidad con su médico tratante usurpó la profesión para obtener beneficios económicos.
Además de la responsabilidad del médico psiquiatra tratante y de la paciente psiquiátrica, Marilyn Cote, con diagnóstico de “sociópata”, la principal responsabilidad es del gobierno estatal que a través de la Cofepris estatal, al ser omiso, negligente y comprobada ineptitud.
Coinciden los médicos con especialidad en psiquiatría consultados por este reportero, quienes advierten también del grave riesgo de daños graves a la salud de las personas estafadas que recibieron tratamientos por la falsa profesionista.
Es muy fácil para el gobierno estatal lavarse las manos por el escándalo caso de la falsa psiquiatra, tanto por el fraude como por el ejercicio indebido siendo Marilyn Cote paciente del médico identificado como Rodrigo Orcajo, de acuerdo a las evidencias y pruebas documentadas.
En la asociación psiquiátrica del país es un hecho conocido que su colega médico que ahora pretender deslindarse al calificar a Cote como una paciente con una "fantasía casi delirante", en realidad es cómplice y responsable.
Rodrigo Orcajo, coinciden sus colegas, violentó el límite de la relación médico-paciente al sostener una relación sentimental con Marilyn Cote.
Empero lo más gravé fue el consentimiento del psiquiatra y su paciente pareja, al otorgarle la cédula profesional para obtener ingresos económicos mediante la apertura de un consultorio en Puebla, con plena conciencia Cote se sus actos, como “sociópata”.
Con el ultimátum de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) impuesta a la paciente psiquiátrica Marilyn Cote, las autoridades protegen la responsabilidad de su médico tratante al participar en la estafa para beneficiarse.
Una responsabilidad social la tienen las autoridades sanitarias del estado que no cumplieron con sus obligaciones de verificar el cumplimiento de la normatividad para la apertura de un consultorio de atención psiquiátrica -más aún si es en una torre médica- y de verificar la documentación para ejercicio de una profesión.
El gobierno sustituto de Sergio Céspedes está obligado a abrir una investigación interna en la secretaría de Salud y en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, porque se trata de una negligencia, omisión e ineptitud criminal de servidores públicos por pusieron en riesgo la salud física y mental de ciudadanos.
Lo ocurrido con la abogada falsa psiquiatra obliga también a las respectivas autoridades para supervisar y aplicar la norma a los inmobiliarios que rentan espacios para consultorios médicos sin que exijan la acreditación documental para ejercer la profesión.
El gobierno tiene la obligación de reparar el daño causado por su ineficiencia sanitaria, y a través del sector salud debe atender a los pacientes víctimas de la presunta psiquiátricas porque los medicamentos suministrados a los timados les puede causar enfermedades, dejar secuelas y ocasionarles hasta la muerte.
Un tratamiento de una semana “contra la depresión” (como se anunciaba Cote), además de ser engañosa, puede ser mortal por el coctel y la cantidad de medicamentos controlados suministrados a personas que pueden padecer morbilidades como diabetes o males cardiacos; mientras que a pacientes sanos, causarles daños irreversibles en hígado y riñones, principalmente, o causarles enfermedades como la diabetes crónica.
Lo demás, el desenlace por la posible comisión de delitos cometidos por la abogada, dependerá de la actuación de las autoridades sanitarias y judiciales, aunque quiera el gobierno lavarse las manos.
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