No habrá manera de ganarle un juicio al gobierno, y con el recurso constitucional de amparo acotado, la impartición de justicia quedará en manos de jueces, magistrados y ministros de consigna afines a los Poderes Ejecutivos y Legislativos federal, y de los estados.
La anterior es una reflexión de un abogado litigante especializado en asuntos mercantiles y fiscales, al referirse al contenido de la reforma judicial aprobada en el Senado, y que será aprobada en las 17 entidades federativas para que entre en vigor.
Fue la Legislatura de Oaxaca quien aprobó la reforma el mismo miércoles por la mañana, cuando en la madrugada seguían los legisladores federales con los temas particulares de la enmienda constitucional.
La vía “fast track” del Congreso del Estado de Oaxaca confirma la “aplanadora” legislativa del régimen en los estados para aprobar la enmienda constitucional antes del 15 de septiembre.
La prisa está vinculada a los tiempos políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador para incluirla en la arenga del grito de independencia desde el Palacio Nacional, para consagrarse como un “héroe” más de la patria.
Mientras el titular del Ejecutivo federal festeje la aprobación de la reforma constitucional del Poder Judicial para que los juzgadores sean electos con el voto popular, la mayor preocupación es entre litigantes y despachos porque la parálisis judicial les impide desahogar sus asuntos.
Ayer por ejemplo, el resto de tribunales federales, éstos relacionados con juicios laborales colectivos como el conflicto en el emplazamiento de huelga del sindicato a la empresa Volkswagen, decidieron unirse al paro de labores de los integrantes del Poder Judicial Federal (PJF), que cumplió 23 días.
La crisis en el PJF se agravó con la aprobación de la reforma que contó con el voto 86 de la familia Yunes Márquez que le hacía falta a Morena y aliados para tener mayoría calificada, tiene prácticamente en vilo a los abogados.
Y no solo es la preocupación de los litigantes el paro de labores extendido en los juzgados de los 32 circuitos federales, sino lo que está por ocurrir en el 2025 cuando sean electos los jueces y magistrados por voto popular, porque habrá incertidumbre respecto a qué manos llegarán sus juicios.
Además de lo ominoso que significa la reforma al PJF, vendrá la instrumentación de esta enmienda a los poderes judiciales de los estados.
Se trasladará el mismo modelo federal a la elección de jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al gusto del partido oficial y del gobernante en turno, como en el resto de entidades.
Para nadie es un secreto, por lo menos en Puebla, que los gobernadores en turno han tenido el control de la designación de jueces y magistrados afines a ellos, y que la diferencia ahora con la reforma, es que tendrán que cubrir el filtro de la simpatía del voto popular, en un proceso bajo el control del actual régimen.
La aprobación de la reforma judicial federal, y su implementación en los estados, ha cimbrado los cimientos de los Poderes del Estado.
La enmienda constitucional abre un ominoso futuro en la impartición de justicia subyugada a los poderes metaconstitucionales de los titulares del Ejecutivo federal y de los estados, dotando de más poder al presidente y a los gobernadores.
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