Con el paro de labores de trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, el país enfrenta una verdadera crisis política generada por la ofensiva emprendida por los Poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial.
El punto de fondo de la polémica de la reforma al Poder Judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la elección de jueces, magistrados y ministros con el voto popular, que pone en riesgo la calidad en la impartición de justicia, su autonomía e independencia.
Para la mayoría de los más de 50 mil trabajadores al servicio del Poder Judicial de la Federación, le reforma afecta la carrera judicial, provocará despidos y vulnera la independencia, autonomía del Poder Judicial y la división de Poderes.
Puesto en perspectiva, estamos frente a un conflicto que terminará en un choque de trenes entre los Poderes del Estado, y al sumarse al paro jueces y magistrados del PJF en las 32 entidades contra la reforma que será aprobada en la Cámara de Diputados, el escenario es de pronóstico reservado.
El choque entre el Poder Judicial Federal con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, con un paro de labores puede tener un desenlace fatal, y es previsible empiece la asfixia financiera con la retención de salarios de las nóminas y servicios por la Tesorería federal y la SHCP.
Difícilmente el paro de labores en el PJF frenará la aprobación de la reforma judicial programada para el lunes 26 en la Cámara de Diputados, lo que prolongaría la suspensión de labores.
El escenario previsible es que con el dominio del aparato gubernamental y el control de la Cámara Baja, la aprobación de la reforma judicial obradorista partidizará la elección de jueces con la estructura de Morena, para favorecer a los candidatos proclives al oficialismo.
En 2025 nuevamente el país estará sometido a la propaganda con gastos millonarios subterráneos en campañas -como sucedió con las “corcholatas” presidenciales- a favor de candidatos a jueces, magistrados y ministros, más los miles de millones del INE para organizar la votación.
La gran reforma judicial que empezó en la federación se extenderá en los estados donde el mismo proceso de elección popular de jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
No existe hoy ninguna garantía de que la impartición de justicia en la federación y el estado sea diferente con jueces y magistrados electos en las urnas, solo desplazará a los actuales que no están bajo el control y tutela de los titulares del Ejecutivo federal o estatal.
En estados como Puebla, la implementación de la reforma constitucional federal para elegir jueces y magistrados será una simple simulación de los gobernadores y los presidentes de los tribunales de justicia, para tener planillas a modo de los mandatarios estatales.
Es un secreto a voces que los jueces y magistrados del TSJE se alinean a los gobernadores en turno; avalan designaciones por dedazo de jueces y magistrados, incluidos el Consejo de la Judicatura.
En Puebla no ha habido un gobernador que no tenga un TSJE a modo, ni mucho menos jueces y magistrados favoritos para perseguir por las vías penal o administrativa a los adversarios políticos para encarcelarlos, como ocurrió recientemente con el difunto Miguel Barbosa Huerta.
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