Con la declaratoria presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido que el “agua no es una mercancía”, el gobierno estatal morenista no tiene otra salida.

La administración entrante encabezada por Alejandro Armenta Mier desprivatiza o desprivatizar el servicio de agua potable y alcantarillado en poder de la empresa Concesiones Integrales, SA de CV.

Alguna salida financiera o constitucional tendrá el gobierno entrante, porque desprivatizar el sistema de agua potable metropolitana de la ciudad de Puebla tendrá un alto costo en las finanzas.

El monto estimado por el mandatario entrante es de 8 mil millones de pesos (mdp), considerando un adeudo del gobierno por más de 1 mil 200 mdp a Concesiones Integrales, la indemnización y las penalizaciones por la terminación unilateral del contrato de concesión.

Es viable revertir la privatización con un decreto expropiatorio para utilidad pública y beneficio social; podría usarse ese recurso contra otras concesiones como la recolección de la basura. Son preguntas.

El asunto no es menor para las finanzas estatales y será tan compleja la negociación para desprivatizar el servicio de agua y drenaje porque la concesión es de la familia Hank Rhon.

Se trata de los dueños y accionistas de Grupo Financiero Banorte que tiene sus raíces en el emporio Maseca fundado por el extinto empresario Roberto González Barrera (Don Maseco) que inicio su empresa en Cerralvo, Nuevo León y de la familia del extinto Carlos Hank González.

Los hombres de negocios de origen neolonés, no tienen ideología ni amigos – y sí que los conozco muy bien-, tienen intereses y no están dispuestos a perder un solo peso.

La poderosa familia Hank Rhon, ligada a los gobiernos neoliberales en México, fungen como consejeros económicos de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de “primero los pobres”, y de la presidenta del “Segundo Piso.

En el gobierno federal y estatal de la 4T siguieron con el mismo modelo económico neoliberal privatizador, teniendo como “Ángel Guardián” a Rogelio Ramírez de la O. en la Secretaría de Hacienda con AMLO, y ahora en el llamado “Segundo Piso” cuatroté de Sheinbaum.

Emulando el discurso demagógico contra el neoliberalismo de López Obrador, en la entidad sirvió como propaganda para ganar votos a la gubernatura al utilizarse la “privatización neoliberal” como bandera electoral contra los “conservadores”.

Pero luego de ganar la elección extraordinaria e instalados en el gobierno, la privatización del sistema de agua potable y alcantarillado siguió intacta con difunto Miguel Barbosa Huerta, postulado por el partido que “no traiciona al pueblo”.

El gobernador electo Alejandro Armenta adelantó en agosto pasado sería “imposible” revocar la concesión por el monto de indemnización y las penalizaciones, pero analiza otras “alternativas”.

Si en el ambicioso plan hídrico de la presidenta Sheinbaum el “agua no es una mercancía”, el 1.7 millones de habitantes de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla estarán muy interesados en conocer la decisión final del gobierno estatal de la 4T.

El agua potable es “un derecho humano” y “no una mercancía” como negocio de privados como Concesiones Integrales, propiedad de los Hank Rhon, los consejeros financieros y económicos de la 4T.

¿Se atreverá el gobierno a emitir un decreto expropiatorio para estatizar el servicio de agua potable y alcantarillado?

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Face: Pablo Ruiz Meza

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